El gobierno estatal dice que la conversación fue interpretada fuera de contexto y remarca que cualquier trato con EE. UU. es institucional.
La administración de Baja California dio un giro inmediato al caso de los audios difundidos recientemente: confirmó que se trata de fragmentos de una conversación privada, sostenida con personas que se presentaron como intermediarios de autoridades estadounidenses sin acreditar formalmente su representación.
En su posicionamiento oficial, el gobierno estatal sostuvo que el contenido ha sido leído de manera parcial y fuera de contexto. La respuesta no se limita a etiquetar el material: marca un límite sobre el tipo de comunicación que, según la administración, sí existe. En ese marco, insistió en que cualquier intercambio con autoridades de Estados Unidos ocurre únicamente por canales institucionales.
El documento adquiere tensión adicional cuando describe lo que, en el audio, aparece planteado como vía para “frenar” cargos o sanciones. Ahí, una voz que se atribuye a un supuesto intermediario afirma que las agencias estadounidenses “no quieren hablar” y que esa sería “la única manera” para contener consecuencias. También se menciona la posibilidad de una orden de extradición, elemento que intensifica el impacto político y legal del material.
Frente a ese planteamiento, la voz atribuida a Marina del Pilar expresa una disposición: “Yo estoy dispuesta siempre a hablar, de todo lo que pueda saber, cómo apoyar”. Al mismo tiempo, la administración refiere que en la conversación se abordaron escenarios legales y que la gobernadora manifestó preocupación por las rutas que se estaban señalando dentro del audio.
Después de la difusión, Baja California emitió un comunicado en el que reconoció el origen del audio. La administración sostuvo que la conversación fue privada y que ocurrió con individuos que afirmaron ser agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, pero sin presentar elementos que comprobaran formalmente esa representación. Con ello, el gobierno intenta acotar el alcance del material: no niega la existencia del intercambio de voz, pero sí cuestiona el contexto y la legitimidad de quienes habrían participado.
El posicionamiento agrega otro punto de fricción: durante ese diálogo “se plantearon distintos escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales”. En esa misma línea, la respuesta atribuida a Marina del Pilar fue que cualquier asunto debía atenderse “mediante las vías legales e institucionales correspondientes”.
El cierre del comunicado concentra la idea central en una sola afirmación de coordinación: cuando se habla de compartir información, el gobierno precisa que se refiere “exclusivamente a la coordinación institucional” que Baja California mantiene, por ser entidad fronteriza, con autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad. Así, el caso queda reencuadrado: el audio se presenta como conversación privada interpretada fuera de contexto, y el gobierno limita su versión a lo que dice que se canaliza de forma institucional y legal.