La Asamblea Nacional dio luz verde a la eutanasia y al suicidio asistido bajo condiciones estrictas, pero el choque continúa.
Francia encendió el reloj del cambio el 15 de julio: la Asamblea Nacional dio aprobación a una ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido para personas con enfermedades irreversibles graves y niveles altos de sufrimiento. No fue un consenso amplio: el resultado se sostuvo con una diferencia estrecha entre posturas enfrentadas.
La votación dejó el dato más contundente en primer plano: 291 votos a favor y 241 en contra. A partir de ahí, la discusión se volvió más quirúrgica. La norma no se presenta como una puerta abierta sin control, sino como un mecanismo con requisitos definidos, fases de verificación y tiempos marcados para medir la voluntad del paciente.
El texto establece que el procedimiento deberá ser solicitado y realizado por la propia persona. En casos excepcionales, la asistencia podría recaer en un médico o enfermero, dentro de un marco que busca ordenar la decisión clínica y limitar la improvisación.
Para acceder, se exige cumplir varias condiciones. Debe tratarse de una persona mayor de edad, con nacionalidad francesa o residencia en el país. Además, la enfermedad tiene que ser grave e incurable, con un pronóstico avanzado o terminal, y con un proceso irreversible que esté deteriorando tanto la salud como la calidad de vida.
El sufrimiento también está en el centro del filtro. La ley contempla la presencia de sufrimiento físico o psicológico vinculado a la enfermedad. Pero marca un límite explícito: si el sufrimiento es solo psicológico y no hay una patología física grave subyacente, no se podrá acceder a este derecho.
En el terreno del “momento humano”, la norma exige algo más que diagnóstico: requiere plena capacidad de discernimiento y la aptitud para manifestar su voluntad de forma libre y consciente. La decisión debe quedar registrada por escrito y pasar por una evaluación colegiada, que deberá resolverse en un plazo de 15 días desde la solicitud.
Aun cuando se apruebe, no basta con el dictamen. El paciente debe confirmar su elección tras un periodo mínimo de reflexión de dos días. Ese detalle funciona como uno de los puntos de mayor tensión moral y práctica: entre la urgencia del sufrimiento y la exigencia de pausa, la ley intenta instalar un “doble candado” antes del desenlace.
La propuesta fue impulsada por Emmanuel Macron, como parte de su plan de “avances sociales”. Y aun con la aprobación parlamentaria, el caso no se cierra ahí: la ley será revisada ante el Consejo Constitucional para un análisis exhaustivo, con el objetivo de conciliar la mirada de quienes defienden la reforma y las preocupaciones de quienes cuestionan su aplicación.
La tensión pública ya tiene nombre y postura. La Iglesia católica de Francia calificó la aprobación como una “ruptura grave en la historia”, argumentando que la relación social con la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad o la enfermedad “cambiará”. En el otro extremo, la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente celebró que la ley permitirá a las personas “elegir poner fin a un sufrimiento insoportable”, de manera “libremente” y con “plena conciencia”, y resaltó la idea de que cada persona siga siendo el centro de las decisiones médicas que le conciernen, respetando sus deseos.
Con este marco, Francia entra en una etapa decisiva: ya no se trata solo de si la eutanasia puede existir, sino de cómo se regula, se evalúa y se ejecuta. El voto abre la puerta, pero el proceso constitucional y el debate social dictarán si el cambio se sostiene… o si vuelve a ser replanteado desde el principio.