El alcalde Josué David Guerrero empuja cambiar el Código Penal Federal por penas equiparables a 15–17 años en delitos graves.
La alarma la encendió el propio presidente municipal: el PAN analiza una propuesta para ajustar el Código Penal Federal y permitir que adolescentes de 15 a 17 años enfrenten sanciones como si fueran adultos cuando se trate de delitos graves. No se trata, dijo el alcalde de Corregidora, de una discusión teórica, sino de un problema que perciben cada vez más frecuente y que golpea a víctimas y familias.
Guerrero sostuvo que su iniciativa ya fue presentada desde hace dos meses ante el Congreso local, en Querétaro, con la intención de empatar el tipo de pena en casos que califica como particularmente severos. En su planteamiento, la mira está en homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro: conductas que —según su diagnóstico— no deberían quedar cubiertas por la sola condición de minoría de edad.
El señalamiento tomó forma en conferencia de prensa, realizada durante la sesión de la Comisión Permanente, donde estuvo acompañado por senadores de su partido. Ahí, el edil afirmó que observa con preocupación la constancia de delitos cometidos por menores en este tipo de hechos, apoyándose en ejemplos recientes que mencionó en Baja California, Michoacán y Sonora. El punto de fondo, aseguró, es evitar que la sociedad perciba impunidad por el criterio de edad.
Desde esa óptica, el alcalde defendió que impulsar una medida así tiene una consecuencia directa: que no se traduzca la minoría de edad en “menos justicia” para quienes fueron afectados. En su argumento, el marco actual —al menos en la percepción del PAN y del propio municipio— deja la sensación de que la etiqueta de “menor” termina restando castigo a la gravedad del delito. Y lo presentó como un giro necesario para responder a la tensión entre edad y responsabilidad frente a crímenes graves.
En el Senado, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, acompañó el planteamiento. Aunque dejó claro que su bancada apenas inicia el análisis de la propuesta, adelantó que comparten el diagnóstico general del alcalde: reconocen la seriedad del problema y la urgencia de revisar el tema con método. Anaya expresó que el proceso será exhaustivo y que, con base en ese estudio, fijarán en su momento una postura.
El legislador también colocó una condición sobre la mesa: proponer un parlamento abierto para que especialistas de distintas áreas se sumen al debate. No se trataría únicamente del enfoque penal, sino también de disciplinas como sociología y psicología, para construir una decisión que, según planteó, sea correcta y responsable. La intención es que el debate no se quede en el impulso inmediato, sino que aterrice en una posición sostenida por análisis amplio.
La discusión, en suma, se mueve entre dos presiones: la exigencia de respuesta frente a delitos graves y la necesidad de revisar cómo se determina la responsabilidad cuando el acusado tiene 15 a 17 años. En el PAN, la propuesta ya está en marcha en el ámbito local y ahora busca empujar su evaluación en el terreno federal, con la idea de que la gravedad del hecho no quede diluida por la edad de quien lo cometió.
Cierre contundente:
Mientras el PAN promete un “análisis responsable”, el mensaje es claro: la edad no debería borrar la justicia cuando los crímenes son graves.