El exgobernador panista fue capturado en Ensenada; la FGR lo vincula a contrabando de combustibles y delincuencia organizada.
El giro llegó con fuerza y sin margen: elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel en Ensenada, Baja California, en el marco de una investigación que lo coloca dentro de una presunta red de huachicol fiscal.
De inmediato apareció el centro legal del caso. La Fiscalía General de la República lo acusa por delincuencia organizada y contrabando, y la captura se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la propia FGR. Según la información oficial, este aseguramiento forma parte de una indagatoria sobre un entramado dedicado al contrabando de combustibles; las autoridades federales anunciaron que ofrecerán más detalles en las horas siguientes, como si el proceso apenas comenzara a mostrar su mecánica completa.
La reconstrucción del expediente arranca por el elemento que conecta personas, empresas y operación: un caso ligado a una compañía. El reporteo oficial sostiene que el proceso está relacionado con una empresa creada por un ex gobernador de Baja California, quien además fue el primero emanado del PAN en la entidad. En ese contexto, se ubica a Ruffo como socio mayoritario de la empresa Ingemar, un proyecto que, de acuerdo con los datos presentados, vio la luz en 2018 con un objeto social originalmente enfocado en relaciones públicas, construcción y bienes raíces.
Pero el punto de quiebre llega con el cambio de actividad. En 2019, la empresa modificó su rumbo para entrar al negocio de los hidrocarburos, incorporando operaciones de almacenamiento, importación, compra y venta de combustibles. Es decir: dejó de operar como un esquema de servicios y construcción y pasó a un terreno donde el control del flujo de productos—y la forma de documentarlo—puede convertirse en el “motor” de un esquema.
A partir de ahí, el caso también fija tiempos. Ruffo Appel se integró como accionista mayoritario de la compañía en octubre de 2021. Después, dos años más tarde, la empresa obtuvo un permiso federal para operar en el sector energético. Esa secuencia—cambio de giro, entrada del exmandatario como socio mayoritario y posterior autorización para operar—queda colocada como parte del mapa del que, según la FGR, se desprende la presunta red investigada.
La ofensiva que enmarca el caso se describe con un nombre específico: el huachicol fiscal. Las autoridades lo presentan como un esquema mediante el cual se introduce combustible al país evadiendo impuestos a través de documentación falsa y con el apoyo de redes de empresas, agentes aduanales, operadores logísticos y servidores públicos. No es una acusación aislada, sino una narrativa de estrategia: hasta ahora, se señala que la FGR ha solicitado más de 200 órdenes de aprehensión asociadas con esta red de contrabando.
En el trasfondo, el expediente también carga con polémicas previas. La posible implicación de Ruffo había encendido el debate desde 2025. En aquel momento, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, negó que existiera una orden de aprehensión contra él; y el exgobernador, por su parte, aseguró públicamente que no era prófugo y que no contaba con amparo. Esos puntos aparecen como señal de que el caso no llegó de la nada: se venía discutiendo cuando el asunto aún no se había materializado en una captura.
Después de la detención, las reacciones se movieron rápido. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, dijo confiar en que Ernesto Ruffo podrá aclarar los señalamientos por la vía legal, y pidió que el proceso se conduzca con estricto apego al debido proceso y presunción de inocencia. En paralelo, el dirigente criticó que la Fiscalía no actúe con la misma rapidez en investigaciones contra gobernadores morenistas: Marina del Pilar Ávila y Rubén Rocha Moya.
El momento actual, entonces, concentra dos tensiones al mismo tiempo: por un lado, el avance operativo del Estado contra una red definida como huachicol fiscal; por el otro, el choque político que coloca el caso como parte de una disputa mayor sobre ritmo, prioridades y criterios. Y aunque las autoridades anticiparon más detalles en las próximas horas, el dato que ya quedó instalado es contundente: una orden de aprehensión se ejecutó, la investigación federal avanza y el nombre de Ruffo Appel quedó dentro del mismo circuito que la FGR dice estar desmantelando.