La Presidenta detalló cruces entre SAT y UIF y explicó el mecanismo: subreportar o declarar “otro producto” para evadir IEPS.
La conversación se encendió en Palacio Nacional con una frase que marcó el rumbo de la indagatoria: la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el expediente contra Ernesto Ruffo Appel no se construyó con conjeturas, sino con “muchísimas pruebas”.
Claudia Sheinbaum ubicó el centro del conflicto en un punto específico: la investigación identifica un esquema de importación irregular de combustible desde Estados Unidos, operado a través de Ingemar, de la cual Ruffo Appel figura como socio mayoritario. No habló en abstracto. Lo que describió fue una ruta de trabajo basada en información cruzada entre autoridades distintas, con el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como ejes para “dar con” el grupo vinculado al llamado huachicol fiscal.
En su explicación, la mandataria remarcó que el proceso incluyó cruces de datos que permitieron conectar patrones y operaciones, hasta reunir elementos suficientes para sostener que había una red dedicada a introducir combustible de forma ilegal al país. Y el elemento que elevó la tensión fue directo: “hay muchísimas pruebas, muchísimas pruebas”. No fue un señalamiento aislado, sino una conclusión respaldada por el propio desarrollo de la investigación.
Sheinbaum también desarmó la operación mostrando los mecanismos, porque allí —según su relato— estaba la ingeniería del fraude. Según lo planteado, los dos caminos principales para introducir el combustible de manera irregular eran dos maniobras: reportar un volumen menor al realmente importado, o declarar que la mercancía correspondía a un producto distinto al combustible, con el objetivo de eludir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Con ese marco, la Presidenta sintetizó la lógica del caso: cuando una empresa con permiso para importar combustible lo hace de forma irregular, el resultado termina siendo un fraude al fisco. No se trata solo de “una importación”, sino de cómo se presenta ante el sistema fiscal para evitar la carga tributaria correspondiente.
La cronología que dio Sheinbaum empujó la historia hacia un antes y un después. Dijo que la investigación comenzó aproximadamente un año atrás, a partir de un hallazgo que funcionó como detonante: ferrotanques abandonados en Coahuila con millones de litros de combustible. Ese rastro permitió —de acuerdo con su versión— identificar a la empresa responsable de las importaciones. “Los abandonan porque saben que van a investigarlos”, dijo, y a partir de ahí se abrió una línea de reconstrucción que, según explicó, llevó directamente a Ingemar.
En el cierre de su intervención, el foco volvió a lo que ocurre después del hallazgo. Las autoridades, dijo, buscan determinar cuántas operaciones similares se ejecutaron y cómo se conectaba ese combustible con el mercado nacional. En otras palabras: no se trata únicamente de explicar un hecho, sino de medir el alcance de un patrón.
Finalmente, la Presidenta añadió un componente político-administrativo: recordó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se redujeron permisos privados para importar combustibles, con la idea de frenar prácticas irregulares, incluyendo el caso de Ingemar. Sin embargo, apuntó que la empresa de Ruffo Appel recuperó su autorización mediante una resolución judicial del exmagistrado Juan Pablo Gómez Fierro, señalado también por haber frenado la Reforma Eléctrica de López Obrador y por haber favorecido a Iberdrola. Para Sheinbaum, el hilo del caso deja una consecuencia doble: un permiso recuperado por vía judicial y una operación que, ahora, la FGR pretende sostener con evidencia.
En conjunto, lo que se planteó fue un escenario donde el “qué” (la importación ilegal), el “cómo” (subreportar o declarar otro producto para evitar IEPS) y el “quién” (Ingemar y el vínculo señalado con Ruffo Appel) se conectan mediante cruces de información y un objetivo central: cerrar el rastro de una red que habría operado al margen del fisco.