Para Ariadna Montiel, la detención del exgobernador busca ocultar un caso abierto desde hace más de un año, con daño millonario al erario.
El golpe no sería contra una idea, sino contra el foco: Ariadna Montiel aseguró que el PRI y el PAN intentan instalar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como “preso político”. Su objetivo, dijo, sería desviar el debate hacia una supuesta persecución y alejarlo de las acusaciones por huachicol fiscal.
La dirigente nacional de Morena reconstruyó el motivo del señalamiento en términos de estrategia: convertir a un imputado en víctima, sostuvo, funciona como cortina para impedir que la conversación avance a lo sustantivo. A su juicio, el mensaje busca blindar la impunidad y dejar fuera el contenido de los delitos que “presuntamente” se le atribuyen.
En su versión, el caso no nace de la improvisación: apunta a una investigación con más de un año de antigüedad. Montiel ubicó el corazón del asunto en la existencia de una presunta red ligada al contrabando de combustibles, a través de esquemas de importación irregular. Según su narrativa, ese entramado habría generado un daño superior a 4 mil millones de pesos al erario.
Ahí aparece el nombre que, en su discurso, funciona como pieza clave: Ingemar, una empresa cuyo socio mayoritario sería el panista, quedaría vinculada —en la acusación política— como presunto responsable del traslado clandestino. La tesis no se limita a señalar “quién”, sino “cómo”: Montiel sostuvo que este tipo de operaciones habrían sobrevivido gracias a resoluciones provenientes de integrantes del “viejo Poder Judicial”, anteriores a la reforma impulsada por el Gobierno federal.
La dirigente detalló la imagen operativa del presunto mecanismo para sostener su acusación. Según expresó, se habría simulado el cruce de trenes “vacíos” en la frontera para introducir gasolina de manera ilegal. En ese relato, el “megafraude” no habría sido posible sin la supuesta complicidad judicial, y atribuyó una salida jurídica favorable a jueces “a modo”, que —de acuerdo con su postura— habrían otorgado amparos para continuar con el saqueo cuando el Gobierno frenó a la empresa.
El conflicto escaló en el plano político cuando Montiel respondió a declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y del exdirigente panista Luis Felipe Bravo Mena. Ambos, según lo expuso, calificaron la detención de Ruffo como persecución política y un intento por cambiar el foco respecto a la situación que enfrenta la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Para Montiel, ese marco no sería un análisis, sino una maniobra comunicacional diseñada para mover el centro del debate.
En el tramo final, la tensión se concentró en el miedo al “efecto dominó”. Montiel afirmó que la oposición defiende al exfuncionario por temor a que el caso exhiba prácticas de corrupción del pasado y, por ello, insistiría en la narrativa de persecución. Su conclusión fue tajante: sostuvo que la reacción busca ocultar su corrupción, pero aseguró que el tiempo de los “intocables” —en este esquema— habría terminado.
La crónica, entonces, no se queda en la etiqueta de un proceso: Montiel lo convierte en un choque por el relato, donde la detención de Ruffo Appel funciona como termómetro de una disputa mayor, y el huachicol fiscal —según su postura— como la verdadera causa que intentan tapar.