El tribunal de apelaciones anuló el congelamiento de activos de Sklarov al concluir que Black Cube obtuvo información mediante engaños.
Una resolución del tribunal de apelaciones del Reino Unido sacudió una estrategia legal que buscaba sostenerse con material obtenido en un montaje encubierto: los magistrados concluyeron que el procedimiento usado para conseguir información privilegiada cruzó una línea peligrosa, al calificarlo como abuso del proceso judicial.
El episodio que detonó el conflicto ocurrió después de que una empresa de inteligencia privada —Black Cube— fuera contratada para reunir datos sobre Vladimir Sklarov. El trabajo se vinculó a una empresa ligada a Ricardo Salinas Pliego, según el fallo, por 1.14 millones de libras esterlinas, además de bonificaciones, y se activó en el contexto de una solicitud de embargo mundial de bienes.
Desde ahí, la controversia dejó de ser un debate técnico sobre documentos y pasó a una cuestión central: cómo se obtuvo la información que luego terminó influyendo en el pleito internacional. El tribunal describió que un agente organizó una reunión con un abogado de la parte contraria. La cita, realizada durante una cena con consumo de bebidas alcohólicas, habría sido conducida con engaños para obtener contenido confidencial.
El punto de quiebre fue lo que sucedió después: ese material, una vez recopilado bajo el operativo encubierto, se incorporó a la estrategia del equipo jurídico que representa a Salinas Pliego. Para los jueces, el mecanismo no solo resultó improcedente, sino que vulneró la integridad del proceso. En la sentencia, la conducta de los demandantes —intentar acceder a información privilegiada engañando al abogado de los demandados y luego usarla para ganar ventaja— fue definida como abuso del procedimiento judicial.
La tensión se volvió más visible cuando el tribunal determinó que las órdenes de congelamiento de bienes no debieron sostenerse. Según el razonamiento del fallo, esas medidas se mantuvieron con base en información obtenida por medio de ese operativo encubierto. En otras palabras: la maquinaria de aseguramiento de activos se alimentó de un método judicialmente cuestionado, y por eso perdió legitimidad en ese tramo del caso.
Aun así, el tribunal no cerró por completo la disputa. Aunque la demanda civil presentada por Salinas Pliego continuará y llegará a juicio, la resolución representa un revés relevante: invalida una parte significativa de las pruebas utilizadas durante el proceso. Los magistrados calificaron la operación como una “afrenta a la justicia” y como “una forma de corrupción”, porque, en su lectura, el engaño habría tenido como objetivo deliberado capturar información para inclinar la balanza legal.
En el entorno de las partes, la defensa respondió al impacto del fallo. El portavoz de Luciano Pascoe sostuvo que las pruebas se obtuvieron conforme a la ley, mientras que Black Cube señaló que el tribunal no determinó que sus métodos fueran ilegales. Pero incluso con ese matiz, los jueces advirtieron que la conducta descrita podría encajar en delitos penales; eso sí, aclararon que no les correspondía pronunciarse sobre responsabilidades criminales.
Detrás de este choque judicial hay una disputa financiera que escaló hacia el ámbito penal. La controversia entre Salinas Pliego y Sklarov comenzó a partir de un préstamo con acciones de Grupo Elektra. El empresario mexicano acusa al financiero ruso de vender esos títulos y apropiarse de cerca de 400 millones de dólares. Sklarov rechaza esas acusaciones y, según el contexto incluido por la sentencia, enfrenta un proceso penal por fraude en Estados Unidos, donde permanece detenido en espera de una audiencia programada para finales de julio.
Mientras el caso civil avanza con un nuevo marco, el fallo deja una consecuencia inmediata: la estrategia que buscaba blindar ventaja con información obtenida bajo engaños pierde sustento en el punto más sensible del expediente. Para el tribunal, el mensaje no fue sutil: cuando el acceso a información confidencial se obtiene mediante un montaje, el proceso se contamina. Y ahora, el costo judicial ya cayó.