El embajador reportó denuncias en varios estados y la SRE pidió investigar, además de exigir aclaraciones sobre custodia del ICE.
El dato que prendió el foco en la Cancillería llegó con fuerza: 17 connacionales fallecieron en operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y México no tardó en mover la maquinaria jurídica y diplomática.
Este miércoles 22 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló el paquete de acciones emprendidas tras los hechos, comenzando por el frente legal en territorio estadounidense. De acuerdo con el reporte, el 13 de julio el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas: ocho ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado. La distribución geográfica —señalada con precisión— deja ver que el objetivo no era “un solo camino”, sino cubrir distintos circuitos del sistema para impulsar el avance de las investigaciones.
Al día siguiente, el expediente dio otro salto. El 14 de julio, la embajada transmitió al Departamento de Justicia estadounidense la denuncia vinculada a los 17 casos, procedente de la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos. México, según el comunicado, pidió formalmente abrir investigaciones y recibir una respuesta sobre su curso.
La presión no se quedó en lo judicial. También se canalizó hacia el plano internacional. El canciller Roberto Velasco Álvarez dirigió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el propósito de informar los hechos y solicitar que se considerara recabar información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos. En esa misma misiva, se pidió analizar compatibilidad con instrumentos de derechos humanos y emitir recomendaciones técnicas para prevenir que ocurran hechos de esta naturaleza.
Mientras el caso se llevaba a instancias de investigación y supervisión, la SRE detalló que Lazzeri sostuvo reuniones con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE durante la semana pasada. El contenido de esas reuniones se concentró en un punto sensible: las condiciones en centros de detención, incluso aquellos operados por empresas privadas, y el requerimiento de esclarecer cada caso. En el relato oficial, la exigencia no es abstracta; se amarra a las condiciones de custodia y a la necesidad de explicaciones caso por caso.
En simultáneo, México activó el acompañamiento a familias. La red consular brindaría asistencia y protección: apoyo jurídico, gestiones para el traslado de restos y seguimiento de lo que soliciten las familias. La SRE remarcó que dará seguimiento puntual a estas acciones y continuará informando sobre la respuesta de las autoridades correspondientes.
El giro del discurso se intensificó aún más con un mensaje previo de la presidenta Claudia Sheinbaum: tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado, el 9 de julio se anunció el arranque de acciones penales para exigir justicia por ese caso y por los demás incidentes donde connacionales perdieron la vida, luego de que el gobierno federal enviara 11 notas diplomáticas a Estados Unidos.
Dentro del recuento de los 17 fallecimientos, Velasco Álvarez trazó una división que funciona como eje de la estrategia: 14 casos correspondieron a personas que murieron bajo custodia en centros de detención del ICE; tres ocurrieron durante operativos migratorios, incluyendo el de Lorenzo Salgado. Esta separación es clave para entender por qué México plantea rutas distintas: por un lado, el control y condiciones de detención; por otro, lo ocurrido durante operativos.
Y ahí apareció el elemento más controvertido del anuncio: el plan para golpear a quienes administran centros de detención. Además de las acciones penales, se adelantó que México iniciaría acciones civiles contra empresas privadas que operan centros del ICE, mediante el envío de cartas de “cease and desist” (cese y desistimiento). El objetivo señalado fue responder a acciones y condiciones violatorias de derechos humanos que, según el planteamiento oficial, desembocaron en la muerte de los 14 mexicanos detenidos.
La narrativa oficial cierra con una idea: no se trata únicamente de registrar muertes y expresar preocupación, sino de convertir el reclamo en expedientes, solicitudes formales, cartas y procedimientos. Entre denuncias estatales y de condado, transmisión al Departamento de Justicia, cartas a la ONU, reuniones con DHS e ICE y gestiones consulares para las familias, el mensaje es claro: México endurece el paso y exige respuestas en varios frentes.
No es silencio diplomático: México está llevando el caso a justicia, aclaraciones y consecuencias legales.