En Derecho de Réplica, cuestionó a medios y “comentocracia”: si no verifican, dijo, la intención puede ser desinformar con coordinación.
El Derecho de Réplica se convirtió en el escenario del reclamo más severo: la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aseguró que el ejercicio revela una práctica repetida—no se contrasta el origen de los señalamientos—y advirtió que eso solo encaja con un plan para dañar políticamente.
Al responder una pregunta del periodista César Huerta durante la conferencia, Alcalde fijó el foco en la obligación ética mínima de quienes publican información. No se trató, dijo, de una exigencia estética, sino de responsabilidad: si el propósito no es confundir al público, entonces tendría que existir verificación, contraste y comprobación antes de difundir. En ese marco, insistió en que la lógica del “mínimo indispensable” debería ser parte del trabajo periodístico, particularmente cuando se maneja información que puede alterar percepciones y decisiones.
Pero el mensaje que dejó en el auditorio fue más contundente: con el mecanismo de Derecho de Réplica, sostuvo, quedó evidenciado lo contrario. “No se verifica la fuente”, remarcó. Y para aterrizar el argumento, mencionó un caso vinculado al comentocrata Pedro Ferriz de Con, quien—según lo que afirmó—habría dicho que la Presidenta Claudia Sheinbaum esperaba en un hotel de Nueva York la llegada de la DEA y el FBI durante su viaje para la final del Mundial. Ese tipo de versiones, señaló Alcalde, no se quedan en una frase: empiezan a circular y ganan eco.
Ahí colocó el punto de tensión: el problema no es únicamente “la persona que lo enuncia”, sino el efecto posterior. Según su lectura, cuando un comentario deriva en difusión amplia, la historia puede integrarse a un mecanismo coordinado cuyo objetivo sería “pernear”, es decir, introducirse en la conversación pública con la intención de mover la narrativa.
Desde esa postura, la Consejera Jurídica no limitó su crítica a una actividad individual. Se dirigió a la responsabilidad ética de medios y periodistas, y recordó que cada organización debería contar con códigos de conducta para confirmar datos antes de publicarlos. Si esa verificación no ocurre, dijo, entonces corresponde hacerse una pregunta incómoda: ¿qué intención hay detrás? En su lectura, cuando se omite el trabajo elemental de contraste, el resultado apunta a algo más: desinformar.
En el cierre, adelantó que esta línea de reflexión podría transformarse en una herramienta práctica, un manual orientado a que la gente identifique noticias falsas. Aunque también dejó una frase de contexto: el público en México, afirmó, está muy politizado, lo que vuelve más difícil distinguir entre información y ataque disfrazado.
La conclusión de la Consejera fue directa: cuando la información entra sin verificación, el debate ya no trata solo de medios; trata de intención, de impacto y de un clima político que se alimenta de la mentira difundida con prisa.