Una evaluación de la DEA apunta que los bombardeos no bajaron oferta ni precio; los cárteles cambiaron rutas y medios.
La operación estadounidense “Lanza del Sur” buscaba golpear el tráfico en el Caribe y el Pacífico… pero el resultado descrito en un informe citado por The Washington Post marca una falla central: los ataques no han logrado reducir el flujo de cocaína hacia Estados Unidos.
El dato que estira la tensión aparece en la evaluación de la DEA: tras los golpes contra 67 lanchas presuntamente usadas para transportar drogas, el flujo no se atenuó. Y no se trata sólo de una impresión. El documento —todavía sin publicarse— sostiene que los bombardeos no alteraron ni la oferta ni el precio de la droga. En otras palabras: el mecanismo de presión en el mar no habría movido el tablero como se prometía.
A partir de ese punto, el texto reconstruye la respuesta criminal. Mientras se atacan embarcaciones rápidas, los grupos, según el reporte, adoptan una salida directa: sustituyen las lanchas por embarcaciones más grandes y recurren a rutas cercanas a la costa. El objetivo es evitar aguas internacionales y, así, quedar menos expuestos a los ataques.
La escena se vuelve más amplia cuando el informe añade otro movimiento: además del cambio de tipo de embarcación, se incrementa el uso de aeronaves. No son vuelos regulares ni trayectos habituales, sino despegues desde pistas clandestinas en la frontera entre Colombia y Venezuela. La lógica se repite: si el mar se vuelve riesgoso, la operación se desplaza a otros canales.
De acuerdo con lo descrito por el diario, las rutas aéreas continúan hacia el este, pasando por Guyana y Surinam, con la intención de evitar la presencia de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región. Y aquí aparece el elemento clave del “ciclo” que, para la DEA, se repite cuando suben los controles: un funcionario de la agencia, citado bajo condición de anonimato, explicó que los grupos suelen modificar sus operaciones al enfrentar mayor vigilancia.
El reporte también introduce una señal política: funcionarios del Pentágono habrían informado a legisladores en una sesión privada que los ataques no habían reducido la pureza de la droga. Esa precisión convierte el debate en algo más que operativo. No es sólo “si entró o no entró”, sino qué tanto se mantuvieron las características del producto.
Sin embargo, el conflicto no termina ahí. El Pentágono insiste en la idea de que la presión sí funciona, aunque sea de una forma distinta a la reducción directa. El portavoz de Defensa, Sean Parnell, defendió la operación “Lanza del Sur”, iniciada en septiembre de 2025, y aseguró que cumple su objetivo obligando a las organizaciones criminales a modificar constantemente sus tácticas. La frase con la que remata el argumento es contundente: cuando se “aprieta” por un lado, se “expande” por el otro, porque los grupos encuentran puntos débiles y los explotan.
Ese argumento se apoya en el diseño temporal de la operación: primero se aplicó en aguas del Caribe y después pasó al Pacífico oriental como ofensiva regional contra el narcotráfico. En la reconstrucción del propio reporte citado por The Washington Post, también se menciona un componente geopolítico adicional. La operación, además de combatir el tráfico, buscaba aumentar la presión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su arresto en Caracas y su traslado a un centro de detención en Nueva York a principios de enero.
Pero el costo humano aparece como el punto de tensión más delicado. El recuento atribuido a medios señala que Estados Unidos ha atacado 67 embarcaciones y ha causado la muerte de 221 personas. Y en el plano del escrutinio internacional, el relato se oscurece: Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos califican estos ataques como “ejecuciones extrajudiciales”, además de señalar que entre las víctimas habría pescadores y contrabandistas de combustible.
Esa última línea enciende otra confrontación: el dilema no es sólo si la estrategia mueve o no mueve la oferta. También es cómo impacta en quienes quedan atrapados en la dinámica. Human Rights Watch, según el texto, advirtió sobre las consecuencias de que países latinoamericanos colaboren en acciones de este tipo y reiteró que eliminar garantías no sería una estrategia eficaz para combatir al crimen organizado.
El resultado final, entonces, queda con dos lecturas chocando en el mismo escenario. Por un lado, la evaluación atribuida a la DEA sugiere que el ataque naval no corta el flujo: se ajusta la logística, se cambian rutas, se sustituyen medios, y el sistema sigue funcionando. Por otro, el Pentágono defiende que la presión sostenida obliga a los grupos a adaptarse, como si el objetivo real fuera fricción constante más que reducción inmediata.
Y en esa fricción, el debate se vuelve urgente: si los controles empujan cambios tácticos, pero el circuito de la droga continúa, ¿la operación está alterando la ruta… o sólo transformando el método de llegada?