Tras la muerte de Dafne en una academia militarizada, Delgado reitera que no existe autorización y ordena supervisión inmediata.
Durante la conferencia matutina de este 27 de julio, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, puso el foco en un punto que ya no se limita al caso de Dafne: en Tamaulipas detectaron cinco escuelas adicionales que, pese a tener permiso, estarían ofreciendo una modalidad que el propio sistema educativo afirma no tener respaldo legal.
Delgado sostuvo que la educación militarizada no cuenta con autorización. En su mensaje, remarcó que ni la dependencia educativa ni la autoridad de Defensa Nacional avalan este tipo de enseñanza, y recordó que el viernes pasado la SEP emitió un comunicado para reforzar la instrucción hacia las autoridades estatales que otorgan el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
La lógica, según el secretario, no es meramente administrativa. La SEP vincula la postura con la protección de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de maltrato, y con el marco constitucional que exige que la educación básica se ajuste al modelo de Nueva Escuela Mexicana, con enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.
El punto de quiebre se expresó con contundencia: no se trata —dijo— de una prohibición abstracta, sino de una falta de permiso. La instrucción al sistema, insistió, es que se active una supervisión. Y en Tamaulipas, explicó, esa revisión ya arrojó un hallazgo: otras cinco escuelas en la entidad habrían ofrecido este formato, por lo que se revisará su estatus y su permiso.
En el mismo contexto, Delgado abordó las llamadas “novatadas”. Afirmó que la legislación vigente impide cualquier práctica de maltrato contra menores, por lo que esas conductas no pueden mantenerse. También señaló que antes existieron reglamentos para regular el tema, pero que hoy estarían superados por leyes actuales, con un nuevo llamado a autoridades estatales y locales para revisar lo que se hace en la práctica.
El secretario agregó que, a su juicio, algunas instituciones estarían “disfrazando” prácticas y maltratos bajo la etiqueta de “militarizado”. Su argumento central fue directo: la modalidad no existe en la ley y, por lo tanto, no está permitida. Sobre ello, destacó que la SEP mantiene contacto con el secretario de Educación Pública de Tamaulipas y con el gobernador Américo Villareal, mientras la Fiscalía local interviene en el seguimiento; mencionó incluso que, al parecer, hubo otro detenido en las últimas horas.
Mientras el caso judicial avanza, Delgado dijo que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum han intentado establecer comunicación con la mamá de Dafne para ofrecer apoyo, pero no ha sido posible hacerlo “entiendo que sus abogados le han recomendado no hacerlo”; aun así, afirmó que insistirán.
En lo que respecta a la investigación, el secretario informó que tres personas están detenidas. La madrugada de este domingo fue arrestada Estrella “N”, conocida como “Sargento Estrellita”, integrante de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. Horas antes, la noche del sábado, detuvieron a Jorge Luis “N”, director de la institución. Ambos fueron trasladados al CIJ de Altamira acusados del delito de feminicidio. Además, el 16 de julio se detuvo a Danna Yanina “N”, de 18 años, exalumna que colaboraba en el área femenil; su defensa sostuvo que no era trabajadora formal y que también actuaba bajo instrucciones de otras personas.
El avance procesal también marcó la jornada: tras una audiencia de casi 20 horas, el 27 de julio una jueza de control concedió la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, solicitada por la defensa de Jorge Luis “N” y de Estrella “N”. Será al vencimiento de ese periodo cuando la juzgadora determine si hay elementos suficientes para vincularlos o no a proceso por feminicidio. Con ese ajuste, la defensa contará con seis días para preparar su respuesta a la imputación. En paralelo, este lunes continuará la audiencia correspondiente a Danna Yanina “N”.
La tensión quedó abierta por dos frentes a la vez: el judicial, por el seguimiento y los detenidos; y el educativo, por el mensaje político-administrativo de que el sistema debe supervisar y corregir lo que en la práctica estaría funcionando como militarizado, aunque se diga que existe permiso.
Al final, el mensaje que dejó Delgado fue una instrucción de choque: si la “modalidad” no está autorizada y se detectan escuelas que la ofrecen, la supervisión debe activarse de inmediato para frenar lo que —según la SEP— se mantiene “disfrazado” y sin cabida en la ley.