Tras designaciones como FTO y SDGT, Washington ofrece recompensas multimillonarias y cierra rutas migratorias a 65 cercanos.
La ofensiva llegó con números que buscan acelerar una captura: el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa total de hasta 102 millones de dólares por información que permita arrestar o condenar a ocho líderes y colaboradores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A la par, el gobierno impuso restricciones de visado a 65 familiares y asociados vinculados con el grupo.
El anuncio no se presentó como un gesto aislado, sino como parte de una estrategia más amplia. Según la coordinación mencionada, el operativo se integra con el Departamento de Justicia y agencias como la DEA, el FBI, HSI, el IRS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), además de otras entidades federales. El mensaje central: reforzar la presión para desmantelar el CJNG en distintos frentes, con especial foco tras su designación como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).
El detalle de las recompensas dibuja la prioridad del gobierno estadounidense. Entre las cifras más altas figura la oferta de hasta 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, señalado por las autoridades como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Esta referencia al relevo de liderazgo funciona como un indicador de urgencia: el objetivo no sería solo castigar el pasado, sino impactar la continuidad operativa.
En el mismo paquete de incentivos aparecen otras figuras con montos relevantes: hasta 15 millones de dólares por Audias Flores Silva, alias “Jardinero”; por Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”; y por Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”. Más abajo en la escala de montos, el Departamento de Estado también dejó señales de seguimiento con ofertas de hasta 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; por Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; y por Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”. Para Griselda Margarita Arredondo Pinzón, la recompensa anunciada asciende a 2 millones de dólares.
Mientras el componente financiero apunta a información para detenciones o sentencias, el segundo eje del anuncio busca cortar vínculos y movilidad. Estados Unidos informó que revocó 26 visas e impuso restricciones migratorias a 65 personas conectadas con integrantes sancionados del CJNG: familiares, socios comerciales y cercanos. El gobierno indicó que con esta acción suman 93 visas revocadas desde que esa política fue anunciada en junio de 2025.
El giro de la jornada también incluyó el lado penal. En conferencia de prensa, el fiscal general Todd Blanche anunció la presentación de cargos penales contra Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela. La lectura de conjunto es contundente: no solo se ofrecen recompensas, también se adelantan acusaciones formales contra individuos específicos, delineando un camino que va desde la identificación hasta la judicialización.
En ese mismo contexto, Blanche remarcó que el gobierno de Estados Unidos buscará llevarlos a la justicia “no importa dónde estén”. Y esa frase, más que cerrar una entrevista, funciona como el remate de la intención política del anuncio: un esquema que combina persecución, sanción migratoria y presión mediante recompensas para atacar a los actores clave del CJNG.