La reforma aprobada en comisiones busca combatir la piratería y el uso ilegal de símbolos oficiales, no castigar la sátira política.
La llamada “ley antimemes” no existe, afirmó Claudia Sheinbaum. Durante su conferencia matutina, la presidenta calificó esa denominación como una mentira y negó que la reforma en materia de propiedad intelectual contemple sanciones contra quienes elaboren o compartan memes, parodias o contenidos satíricos sobre el gobierno.
El señalamiento ocurre mientras la propuesta continúa avanzando en el Senado. El dictamen fue aprobado en comisiones y todavía puede experimentar cambios antes de una eventual aprobación definitiva, por lo que el debate sobre sus alcances permanece abierto.
Sheinbaum explicó que el objetivo de la iniciativa se encuentra en otro punto: enfrentar la piratería, la falsificación y el uso indebido de elementos que forman parte de la identidad oficial. La reforma plantea cambios a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal.
Uno de los apartados contempla penas de uno a cinco años de prisión para ciertas conductas realizadas a escala comercial. Entre ellas se encuentran el uso, reproducción o imitación de logotipos, dominios electrónicos, documentos y otros distintivos institucionales.
La condición central sería que esos elementos se utilicen para provocar confusión, engañar o aparentar la representación de una institución pública con el propósito de cometer un delito. El foco, según lo expuesto, está en la suplantación y el uso fraudulento de símbolos oficiales.
La controversia surgió por el nombre “ley antimemes”, una etiqueta impulsada por la oposición para acusar un posible ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, el dictamen aprobado en comisiones no establece una sanción específica por crear o difundir memes, parodias o sátiras políticas.
La presidenta insistió en que el nombre con el que circula la reforma no corresponde con su contenido. Para el gobierno, la discusión debe concentrarse en la piratería, la falsificación y la apropiación ilegal de la imagen institucional.
La propuesta aún no se convierte en ley. Su recorrido legislativo continúa y, con él, la disputa por definir hasta dónde llegarán sus disposiciones antes de una posible aprobación.