El Gobierno federal cruza datos de 16 instituciones; las comercializadoras concentran el 72% de las inconsistencias.
Ocho mil 824 millones de litros. Esa es la diferencia. Las compras y ventas de combustible declaradas durante 2025 presentan esa discrepancia. El análisis es del Gobierno federal. Las inconsistencias equivaldrían a 61 mil 700 millones de pesos en Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no registrado. La cifra es contundente. Las empresas intermediarias quedaron en el centro de la estrategia contra el huachicol fiscal.
El dato fue presentado este miércoles 21 de octubre durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. La secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló la distribución. El 72% de las diferencias se concentra en las empresas comercializadoras. Otro 13% en los expendios, entre ellos las gasolineras. La concentración es clara.
Para llegar a esas cifras, 16 instituciones federales cruzaron información sobre permisos, facturas y volúmenes de combustible adquirido y vendido. Las diferencias detectadas requieren aclaraciones y procedimientos de fiscalización. Por sí solas, no acreditan que todo ese combustible haya sido robado. La precisión es importante. La diferencia no equivale a robo.
El punto de tensión son las comercializadoras. Actúan como intermediarias: compran combustible para revenderlo. Aunque no necesariamente cuentan con instalaciones para almacenarlo o vehículos para transportarlo. En ese segmento, afirmó el Gobierno, se concentran las mayores irregularidades. El modelo de negocio está bajo la lupa.
Por ello, Sheinbaum planteó modificar la ley para disminuir su participación en el mercado. La propuesta todavía no se ha presentado como una reforma con reglas y plazos definidos. La intención es clara. La regulación está en camino.
La presidenta también anunció que trabajan en una plataforma pública para conocer qué empresas intervienen en la cadena de distribución de combustibles. El sistema de monitoreo ya funciona entre dependencias. Pero la consulta abierta al público aún no tiene fecha de lanzamiento. La transparencia avanza. La accesibilidad, pendiente.
Durante la mañanera, Sheinbaum señaló que en 2026, hasta septiembre, se habían registrado 48 mil 411 millones de pesos adicionales por IEPS respecto de lo contabilizado en 2025. Sin embargo, aclaró que se trata de impuesto registrado en operaciones actuales. Y que parte está sujeta a estímulos fiscales. La distinción es técnica. Los números son positivos.
En el balance de acciones, las autoridades reportaron medidas del SAT contra 2 mil 224 empresas que comercializaban combustibles sin permisos. También se impusieron 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras por fallas en sus controles volumétricos. A esto se suman 180 empresas retiradas del padrón de importadores por contrabando. Y 175 identificadas como presuntas factureras. La Comisión Nacional de Energía canceló 264 permisos. Y mantiene otros 307 en procedimientos de sanción o revocación.
Mientras tanto, Pemex reportó 10 mil 674 denuncias por robo de combustible. Una conducta distinta de las inconsistencias fiscales. La diferencia es conceptual. El robo es un delito. La inconsistencia fiscal, una irregularidad administrativa. Ambos frentes se atienden.
El Gobierno federal detectó diferencias de 8 mil 824 millones de litros. Equivalen a 61 mil 700 millones de pesos en IEPS no registrado. Luz Elena González detalló: 72% en comercializadoras, 13% en expendios. 16 instituciones cruzaron datos. Las diferencias requieren aclaraciones. No acreditan robo por sí solas. Sheinbaum planteó modificar la ley para reducir la participación de las comercializadoras. Habrá plataforma pública de distribución. En 2026 se registraron 48 mil 411 millones adicionales por IEPS. SAT sancionó a 2 mil 224 empresas sin permisos. 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras. 180 empresas fuera del padrón de importadores. 175 presuntas factureras. 264 permisos cancelados. 307 en procedimiento. Pemex reportó 10 mil 674 denuncias por robo. La estrategia contra el huachicol fiscal avanza. Las diferencias están documentadas. Las sanciones, en marcha. La transparencia, en construcción.