El Departamento de Justicia pide intervención de emergencia para separar papeletas; California duda de la lista federal
Más de 20,000 papeletas. Esa es la cifra que el Gobierno de Donald Trump quiere sacar de la contabilidad en California. El Departamento de Justicia (DOJ) acudió al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito para solicitar una intervención de emergencia: que un juez federal impida que se cuenten los votos vinculados a personas que las autoridades federales consideran posibles votantes no ciudadanos. La urgencia, dicen, es porque las elecciones de medio mandato están a la vuelta de la esquina.
El argumento central del DOJ es que permitir el recuento sin separar las papeletas señaladas causaría un daño irreversible. “Una vez que las papeletas emitidas ilegalmente se cuentan y se mezclan con los votos legales, el daño resultante es imposible de remediar”. La frase, contenida en la orden, apela al derecho fundamental al voto y a que cada sufragio legal se cuente sin dilución. Traducción: si se mezclan, ya no hay marcha atrás.
La ofensiva no es nueva. A mediados de este mes, el DOJ anunció una demanda contra California tras identificar a más de 20,000 personas que presuntamente no son ciudadanas estadounidenses y que figuran en el registro electoral estatal. El fiscal general, Todd Blanche, defendió la actuación: “El fraude electoral facilitado por el estado es inaceptable en los Estados Unidos de América”. La frase suena contundente, pero hay un detalle: identificar a alguien en una lista no equivale a una comprobación judicial de que haya cometido una irregularidad.
Y ahí está el punto de tensión. Las autoridades californianas han expresado dudas sobre la fiabilidad de los datos entregados por el Gobierno federal. Sostienen que necesitan verificar la ciudadanía antes de tomar medidas que puedan afectar a votantes elegibles. El diario Los Angeles Times informó que una revisión de una muestra de los registros cuestionados por parte de la oficina electoral del condado de Los Ángeles encontró indicios de que casi el 40% de las personas examinadas había nacido en Estados Unidos. El hallazgo puso en tela de juicio la precisión de la lista federal.
El caso ocurre en medio de los esfuerzos de la Administración Trump por reforzar los controles sobre los registros electorales. El DOJ dice que busca proteger la integridad de las elecciones; sus críticos advierten sobre el riesgo de afectar a ciudadanos con derecho a votar. La disputa podría extenderse más allá de California: Blanche advirtió que el Gobierno federal analiza emprender acciones judiciales similares en otros estados. “Hay varios estados que estamos examinando”.
La resolución judicial será clave. Si el tribunal falla a favor del DOJ, California deberá separar las papeletas cuestionadas antes de contabilizarlas. Si falla en contra, los votos se contarán y el daño, según la versión federal, será irreversible. La pregunta de fondo es incómoda: ¿cuántas de esas 20,000 personas son realmente no ciudadanas? La lista federal dice que todas; la revisión de Los Ángeles sugiere que casi el 40% nació en Estados Unidos. La precisión del Gobierno de Trump queda, otra vez, bajo sospecha. Y California, en el ojo del huracán electoral.