La reducción de deducciones por peajes desata protestas, pero el Gobierno sostiene que el 94% del sector queda intacto.
Ciento setenta empresas. Ese es el universo que la reducción del límite de deducciones fiscales por peajes afectará realmente. La Presidenta Claudia Sheinbaum lo puso sobre la mesa este lunes, en medio de las manifestaciones que transportistas han protagonizado en distintos puntos del país. El ajuste, que bajó el tope de 300 a 250 millones de pesos, no toca a quienes tienen una o dos unidades. Esa es la premisa central del Gobierno.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria fue precisa. La medida impacta únicamente a grandes compañías de autotransporte. Descartó cualquier repercusión para los pequeños transportistas. “No afecta a las personas que tienen un autobús, un camión, dos camiones”, subrayó. Y añadió un dato que busca desactivar la narrativa de crisis: existen otros apoyos fiscales para el sector.
El origen del beneficio se remonta a 2002. En el gobierno de Vicente Fox, la doble deducción del pago de peajes en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se habilitó sin límite alguno. Después, con Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia, se estableció un tope de 300 millones de pesos. Ahora, la administración actual lo redujo a 250 millones. “Es una afectación pequeña”, sostuvo Sheinbaum.
Pero la historia tiene otra cara. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, reveló el trasfondo del ajuste. El beneficio fiscal de 2002 se diseñó para todas las empresas de autotransporte. Sin embargo, con el paso del tiempo se registró un “abuso” en su utilización. El costo llegó a equivaler al 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019. Un dato que explica la urgencia del ajuste.
El punto de mayor tensión aparece en los números. El estímulo se ha incrementado más de cinco veces durante los últimos seis años. Para 2026, se estima que represente 13 mil 900 millones de pesos. Con el ajuste propuesto a un límite de 250 millones de pesos, se obtendrían ingresos adicionales por 4 mil 500 millones de pesos para las finanzas públicas. El equilibrio fiscal es el argumento oficial.
Amador Zamora detalló que, de las 2 mil 580 empresas que tributan bajo esta modalidad, únicamente 170 dejarían de recibir el beneficio durante el ejercicio fiscal de 2027. Eso representa alrededor del 6% de los contribuyentes. El 94% restante, incluidos los transportistas que tributan bajo la figura del “hombre camión”, no resultarían afectados. El beneficio fiscal promedio asciende a 26 millones de pesos por empresa.
La jornada también dejó espacio para el diálogo. Las organizaciones inconformes serán recibidas a las 11:00 horas por la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Gobernación ha mantenido conversaciones con la mayoría de las organizaciones del autotransporte. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional han sostenido reuniones permanentes con sus dirigentes para atender sus demandas en materia de seguridad.
En conjunto, el sector recibió beneficios fiscales por cerca de 115 mil millones de pesos durante 2025. De ellos, alrededor de 100 mil millones corresponden a otros estímulos, además del beneficio relacionado con los peajes. La cifra es contundente. El ajuste no elimina el apoyo. Lo redefine. Y el mensaje presidencial queda flotando: el beneficio se mantiene para quienes verdaderamente lo necesitan.