La mandataria cuestiona la reunión entre Canacar y Alejandro Moreno mientras los bloqueos carreteros afectan a la población.
Una reunión. Un dirigente partidista. Y un paro que se niega a levantar el pie del acelerador. La Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este 27 de octubre los posibles motivos políticos detrás de las movilizaciones de transportistas. Y lo hizo con una precisión incómoda: las protestas no representan a todo el sector, sino principalmente a un grupo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), cuyos representantes se reunieron con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria fue clara. Desde antes de las movilizaciones, el Gobierno de México ofreció espacios de diálogo para atender las demandas de los inconformes. Sin embargo, algunos sectores transportistas mantuvieron los bloqueos carreteros, con afectaciones a la circulación y a la población. La oferta de diálogo existía. La respuesta fue el bloqueo.
Sheinbaum Pardo explicó que la mayoría de las organizaciones del autotransporte manifestó su disposición a dialogar. Algunas incluso rechazaron sumarse a las protestas. Por eso cuestionó que un sector mantuviera las movilizaciones cuando las autoridades federales ya habían ofrecido una mesa de trabajo para escuchar sus planteamientos. La pregunta quedó flotando: ¿por qué insistir en el bloqueo si el diálogo estaba abierto?
El punto de mayor tensión está en el trasfondo político. Los cuestionamientos de Sheinbaum se producen después de que se diera a conocer una reunión entre representantes del sector transportista y Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Ese encuentro reavivó el debate sobre un posible trasfondo político en las movilizaciones. La mandataria no lo dijo explícitamente, pero la conexión quedó expuesta.
La inconformidad tiene un detonante concreto. Los cambios en el límite de deducciones fiscales por el pago de peajes, que pasó de 300 a 250 millones de pesos. De acuerdo con la explicación del Gobierno federal, esta modificación afecta a alrededor de 170 empresas, mientras que el resto del sector conserva los apoyos fiscales disponibles. El ajuste es limitado. La protesta, en cambio, se presenta como masiva.
Respecto a las demandas de seguridad en las carreteras, la mandataria afirmó que existe coordinación permanente entre las autoridades federales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional para atender los problemas que enfrentan los operadores, incluidos los robos y las extorsiones. El canal institucional está abierto. Pero los bloqueos persisten.
Mientras los convocantes sostienen que el paro también responde a problemas de inseguridad, extorsiones, deterioro de las carreteras y compromisos gubernamentales pendientes, la presidenta insistió en que las diferencias deben atenderse mediante el diálogo y sin recurrir a acciones que perjudiquen a la ciudadanía. La ruta del Gobierno es la mesa. La ruta de los inconformes, por ahora, es la carretera.