Una investigación revela cuatro contratos con empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas durante su gestión.
Lorenzo Córdova se lava las manos. Pero los contratos están ahí. Una investigación de Nancy Flores, publicada en Contralínea el 31 de octubre, revela que durante la presidencia de Córdova al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo también contrató a empresas relacionadas con una presunta red de corrupción en la proveeduría de materiales electorales. Existen al menos cuatro contratos que el Instituto mantuvo con compañías vinculadas directa o indirectamente con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
La investigación señala que, entre 2018 y 2023, el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) firmaron contratos por más de mil millones de pesos con empresas relacionadas con esta red. Entre ellas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Comercializadora JVLY, Corporativo Zeg, Formas Finas Fernando Fernández, Cartonera Plástica y Litho Formas. Según el reportaje, algunas de estas compañías operaban como intermediarias, sin contar con oficinas ni empleados propios.
El punto de tensión son los montos y las adjudicaciones. Entre los contratos identificados durante la gestión de Córdova destaca uno de 2015, cuando el INE adjudicó a Cartonera Plástica el suministro de bolsas y portagafetes para el proceso electoral 2014-2015. El monto original fue de 9 millones 834 mil 642 pesos, pero aumentó en más de 1.4 millones mediante un convenio modificatorio, por lo que superó los 11 millones de pesos. En 2016, Formas Finas y Materiales recibió otros dos contratos por 87 mil 719 pesos para cajas y empaques destinados al traslado de boletas electrónicas. Además, en diciembre de 2022, Formas Finas Fernando Fernández obtuvo un contrato cercano al medio millón de pesos para suministrar diversos materiales electorales.
Contralínea también documentó que el INE contaba con información sobre las empresas que proveían materiales y documentos electorales a los organismos locales. En 2014, tras la reforma electoral impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Instituto adquirió facultades para designar a las presidencias de los OPLE y supervisar sus actividades. Informes institucionales de 2016 al 2019 muestran que el organismo nacional revisaba las contrataciones y conocía la participación de proveedores que actualmente están relacionados con investigaciones por presuntas irregularidades.
Fuentes consultadas por Contralínea señalan que los auditores se han concentrado inicialmente en solicitar información correspondiente a la gestión de Guadalupe Taddei, sin incluir todavía los periodos de Lorenzo Córdova y anteriores. El reportaje también recupera observaciones del entonces titular del Órgano Interno de Control del INE, Luis Osvaldo Peralta Rivera, sobre otros gastos durante la presidencia de Córdova. Asimismo, documenta que se destinaron 11 millones 614 mil pesos a la elaboración de una memoria institucional de la gestión 2014-2023 que no fue entregada, mientras que una auditoría identificó pagos injustificados por 4 millones 298 mil 748 pesos, entre otros casos. Córdova dijo que no le tocaba regular los mercados. Los contratos, según esta investigación, cuentan otra historia.