La defensa denuncia irregularidades procesales de la Fiscalía y cuestiona la competencia del tribunal de Manhattan.
Nicolás Maduro y Cilia Flores gozaban de inmunidad soberana. Esa es una de las razones por las que la defensa del depuesto presidente de Venezuela solicitó este martes a la justicia de Estados Unidos desestimar el cargo de conspiración para cometer torturas. Los abogados también denunciaron irregularidades procesales de la Fiscalía. Según informó la agencia EFE, los representantes legales presentaron un escrito ante la jueza federal Analisa Torres, quien asumió el caso tras el fallecimiento del magistrado Alvin Hellerstein.
El punto de tensión es la competencia territorial. Argumentaron que la acusación por torturas debía tramitarse ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde ambos permanecieron detenidos desde su captura en Caracas, en enero. El planteamiento cuestionó la actuación de los fiscales, quienes llevaron el proceso ante el Tribunal del Distrito Sur, en Manhattan. La defensa sostuvo que las autoridades volvieron a arrestar formalmente a Maduro y Flores durante comparecencias recientes, pese a que ya estaban bajo custodia federal, con el propósito de “fabricar” una justificación legal para mantener el nuevo cargo en esa jurisdicción.
Los abogados consideraron que esas actuaciones no podían establecer la competencia territorial del tribunal. Por ello, solicitaron retirar la acusación o, en su defecto, entregar los registros que sustentaron el nuevo procesamiento, para que fueran examinados por la defensa o la jueza. La petición no cuestionó directamente los hechos atribuidos a Maduro y Flores, sino la legalidad del procedimiento empleado por la Fiscalía.
El conflicto judicial surgió después de que el Departamento de Justicia estadounidense presentó, el 8 de octubre, una acusación ampliada contra ambos, que incorporó el delito de conspiración para cometer torturas y extendió a Flores el señalamiento de conspiración para cometer narcoterrorismo. La Fiscalía documentó nueve casos de presuntas víctimas para sustentar una estrategia de “represión y torturas” que, según su investigación, el gobierno de Maduro utilizó para castigar a opositores políticos y mantenerse en el poder.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, las acusaciones incluyeron presuntos actos de violencia física y psicológica contra personas detenidas, entre ellas ciudadanos estadounidenses. El delito de conspiración para cometer torturas contempló una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que otros cargos relacionados con narcotráfico y armas podrían alcanzar condenas de cadena perpetua. La defensa reiteró sus solicitudes para desestimar el proceso por inmunidad soberana y pidió que la jueza resolviera primero ese argumento antes de continuar con el examen de los cargos. Maduro y Flores deberán comparecer nuevamente el 17 de diciembre, en la primera audiencia encabezada por Analisa Torres. La decisión sobre la competencia del tribunal y el alcance de la inmunidad reclamada por los acusados podría definir el curso de un proceso judicial que enfrentó al antiguo liderazgo venezolano con la justicia estadounidense.