Rubio usó aviones oficiales para 23 viajes a partidos de su hijo: 1.2 mdd

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El secretario de Estado ha viajado a Gainesville para ver a los Florida Gators; solo ha reembolsado una fracción del costo real.

1.2 millones de dólares. Ese es el costo estimado para los contribuyentes de los al menos 23 viajes que Marco Rubio ha realizado en aviones del Gobierno a Gainesville, Florida, para asistir a partidos de fútbol americano de la Universidad de Florida, donde juega su hijo Anthony. La cifra proviene de una investigación de The Washington Post. El informe vuelve a poner bajo escrutinio el uso de aeronaves oficiales por parte de altos funcionarios de la administración de Donald Trump, especialmente cuando sus desplazamientos incluyen actividades personales.

Desde que asumió el cargo en enero de 2025, Rubio ha viajado a Gainesville para asistir al menos a 10 encuentros de los Florida Gators. Su hijo juega como corredor en el equipo universitario, aunque no cuenta con una beca deportiva. Durante este otoño, el funcionario ha acudido al menos a cinco partidos. De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Estado al periódico, 15 de los viajes de Rubio fueron clasificados como exclusivamente personales. El costo estimado de esos desplazamientos asciende a 770,600 dólares. Otros siete viajes combinaron actividades personales y oficiales y representaron alrededor de 443,900 dólares adicionales. Las cifras fueron calculadas por el medio con base en las tarifas por hora que establece el Departamento de Defensa para el uso de estas aeronaves.

El punto de tensión es el reembolso. Rubio viajó principalmente en aviones Gulfstream C-37A y C-37B, cuyo uso se factura a otras agencias federales a unos 9,100 dólares por hora. En tres ocasiones utilizó un Boeing C-32A, cuyo costo ronda los 18,600 dólares por hora. El secretario de Estado tiene restricciones de seguridad que le impiden utilizar vuelos comerciales y lo obligan a trasladarse en aeronaves gubernamentales, incluso cuando realiza viajes personales. Sin embargo, las reglas establecen que debe reembolsar únicamente el equivalente a un boleto de avión en clase económica, no el costo real del vuelo oficial.

El periódico calculó que los pasajes comerciales de ida y vuelta entre Washington y Gainesville durante días de partido costaban, en promedio, 820 dólares. Con esa tarifa, los reembolsos de Rubio rondarían los 18,000 dólares. Ni el funcionario ni el Departamento de Estado revelaron cuánto dinero ha devuelto al Gobierno. Rubio defendió sus desplazamientos y dijo al periódico que seguirá intentando asistir a los acontecimientos importantes para él y su familia. Por su parte, el subsecretario de Estado Dylan Johnson argumentó que el uso de estos aviones permite garantizar la continuidad de las operaciones y el acceso a comunicaciones seguras.

El caso también revive las críticas que Rubio lanzó durante la administración de Joe Biden contra el uso de aeronaves oficiales por parte del entonces secretario de Transporte, Pete Buttigieg. En diciembre de 2022, Rubio solicitó una revisión de esos desplazamientos y sostuvo que los contribuyentes merecían garantías de que sus impuestos no se desperdiciaran. En diciembre de 2023, el inspector general del Departamento de Transporte concluyó que Buttigieg había cumplido las normas federales. Sus viajes en aviones oficiales sumaron cerca de 59,000 dólares. Rubio no es el único funcionario de la administración Trump bajo escrutinio por el uso de recursos oficiales para actividades familiares. En julio, ABC News informó sobre la polémica por un helicóptero militar que el vicepresidente JD Vance habría solicitado para llevar a su hijo a una clase de golf. El vuelo terminó cancelado por el mal tiempo. La investigación del Washington Post no afirma que Rubio haya violado las reglas, pero sí pone en duda la transparencia y el costo público de sus viajes personales.

Rubio usó los aviones. Los viajes suman 1.2 millones. El reembolso es una fracción. La pregunta es si el escrutinio público afectará su cargo y si el Congreso investigará el uso de recursos oficiales para fines personales.

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