Talleres Gráficos: el decreto plantea más controles y una nueva etapa electoral

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El plan incorpora supervisión independiente, registros públicos y cambios de largo plazo para producir, comprar y reutilizar materiales electorales.

La Junta de Gobierno de Talleres Gráficos de México dejaría de estar integrada únicamente por personal de Gobernación: el proyecto incorpora representantes de otras dependencias y tres consejeros independientes. Ese es uno de los cambios centrales del plan de fortalecimiento presentado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez el 18 de noviembre.

La propuesta se aplicará en dos etapas. La primera, prevista de noviembre a junio de 2027, contempla reestructurar la Junta para que tenga siete integrantes, tres de ellos independientes. También plantea abrir un padrón público de contratistas, con evaluaciones de sus capacidades, y publicar en datos abiertos los contratos y convenios del organismo.

El esquema sumaría una solicitud voluntaria de auditoría anual a la Auditoría Superior de la Federación. Las adquisiciones deberán sujetarse a la normatividad, y se excluiría a empresas con impedimentos legales o que no acrediten las capacidades requeridas. Talleres Gráficos continuará sectorizado en la Secretaría de Gobernación.

La nueva composición propuesta mantendría la presencia de Gobernación e incorporaría a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Hacienda y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Los tres espacios independientes corresponderían a integrantes vinculados con la UNAM, el IPN y el Tecnológico de Monterrey. La Junta también podría invitar a instituciones electorales y responsables de auditoría.

La segunda fase, programada entre julio de 2027 y 2030, apunta a cambiar la producción de documentos electorales y de seguridad. El plan prevé formular una ley para que esos materiales sean elaborados por entes públicos, bajo especificaciones y controles de calidad del INE, además de modernizar instalaciones y equipos.

También se propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consolidar compras para el INE y los organismos públicos locales electorales mediante un catálogo único y habilitar compras abiertas. Otro componente sería crear un almacén nacional para recuperar, reparar y reutilizar urnas, canceles y otros materiales entre elecciones.

Según lo expuesto por Rodríguez, el catálogo buscaría unificar especificaciones y rangos de precios en todo el país. El proyecto también contempla concentrar formatos, actas, títulos y gacetas de la administración federal, así como desarrollar y certificar insumos y establecer un convenio para producir materiales electorales.

En paralelo, la secretaria presentó a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como nueva titular del organismo. Informó que cuenta con formación en sociología, gobierno y políticas públicas, además de experiencia en certificaciones ISO y planeación institucional. Los consejeros independientes anunciados son Ángel Eustorgio Rivera González, del IPN; Raúl Juan Contreras Bustamante, de la UNAM; y Josefina Cortés Campos, del Tecnológico de Monterrey.

El cambio busca responder a una estructura que, de acuerdo con la explicación oficial, carecía de supervisión externa: la Junta actual está conformada solo por personal de Gobernación y aprueba, entre otros asuntos, programas, presupuestos, precios y estados financieros. La reforma propone ampliar esa vigilancia y reorganizar la producción electoral; su alcance dependerá de la implementación de las medidas previstas.

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