La mandataria federal rechaza politizar caso de agentes CIA en Chihuahua y exige apego a la ley: “o fue la Fiscalía o fue el gobierno estatal”, sin comisiones que diluyan responsabilidades
No es disputa de partidos. Es soberanía. Con esa premisa, Claudia Sheinbaum respondió a la oposición que intenta enmarcar la presencia de agentes de la CIA en operativos de seguridad en Chihuahua como un debate político convencional.
Durante la conferencia matutina, la presidenta fue taxativa: el episodio debe aclararse conforme a derecho, sin comisiones investigadoras que posterguen o difuminen responsabilidades. Para Sheinbaum, solo existen dos rutas posibles: o la Fiscalía del Estado de Chihuahua autorizó la colaboración con extranjeros, o fue el gobierno estatal quien lo permitió. “No hay de otra”, sentenció.
La reconstrucción del mensaje presidencial revela una estrategia de contención institucional. Al descartar la creación de una comisión —propuesta por la gobernadora María Eugenia Campos—, Sheinbaum busca evitar que el caso derive en un espectáculo mediático que opaque el fondo jurídico: la participación de personal extranjero en labores de seguridad sin seguir la Ley de Seguridad Nacional ni la Constitución.
El punto de tensión: la politización del dolor. Sheinbaum reiteró sus condolencias por el fallecimiento de dos agentes estadounidenses y dos mexicanos, y reconoció los avances en materia de seguridad tanto en Chihuahua como en el resto del país. Sin embargo, subrayó que garantizar la seguridad ciudadana es una tarea colectiva que no puede confundirse con la irregularidad de permitir que extranjeros operen en campo sin los protocolos federales establecidos.
“Entre todos tenemos que garantizar la seguridad del pueblo de México. Pero eso es muy distinto a lo que pasó en Chihuahua”, afirmó, marcando una línea clara entre cooperación legítima y actuación al margen de la ley. La mandataria recordó que el trabajo de la Presidencia es defender la soberanía y al pueblo, no negociar principios en función de cálculos electorales.
Sheinbaum también reconoció que no todos los sectores de la oposición respaldaron al gobierno chihuahuense; algunos han exigido que se cumpla la ley. Esta matización busca desactivar la narrativa de un bloque opositor monolítico y abrir espacios para coincidencias institucionales.
Con el caso bajo escrutinio y la exigencia de transparencia en marcha, una certeza emerge: en México, la seguridad nacional no se delega, ni se improvisa, ni se politiza. Cada protocolo omitido, cada autorización no documentada, cada operación encubierta sin aval federal, representa una vulneración a la soberanía que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar.
Mientras la oposición define su postura y Chihuahua proporciona respuestas, la presidencia mantiene su brújula: la ley por encima de la conveniencia, la soberanía por encima del ruido político.