En el vigésimo aniversario del “Mayo Rojo”, la mandataria restituye tierras ejidales y utiliza el diálogo para desactivar bloqueos, diferenciándose del uso de la fuerza del pasado.
Sobre la misma tierra que hace dos décadas fue escenario de una de las represiones más cruentas del México contemporáneo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una sentencia definitiva: el uso de la fuerza pública contra la movilización social ha quedado erradicado. En un acto cargado de simbolismo en San Salvador Atenco, la titular del Ejecutivo garantizó que ninguna corporación armada —Policía o Guardia Nacional— volverá a actuar contra la ciudadanía, marcando una ruptura total con los métodos de control empleados en 2006.
El evento, diseñado para la restitución de 54.5 hectáreas de terreno a ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), no estuvo exento de la tensión característica de la zona. Un bloqueo en la carretera Texcoco-Lechería por parte de grupos disidentes retrasó la llegada de la comitiva presidencial. Sin embargo, Sheinbaum utilizó el incidente para validar su tesis política: en lugar de enviar granaderos para despejar la vía —como dictaba el manual de administraciones anteriores—, la mandataria descendió de su vehículo para dialogar personalmente con los manifestantes, logrando liberar la arteria sin incidentes.
Pese a la entrega de tierras y la declaratoria de Texcoco como área natural protegida tras la cancelación del megaproyecto aeroportuario, el ambiente se tornó crítico cuando el FPDT tomó el micrófono. Hortencia Ramos, portavoz de la organización, confrontó la narrativa oficial al señalar que la justicia de la “Cuarta Transformación” sigue siendo incompleta. La activista denunció que, tras 20 años de torturas, abusos sexuales y asesinatos, figuras como Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón permanecen en la impunidad total, sin haber sido requeridos por tribunal alguno.
Sheinbaum respondió reafirmando que su gobierno se cimienta en la honestidad y la soberanía, contraponiendo la “restitución de hoy” con el “despojo de ayer”. Aunque la sombra de la impunidad señalada por los pobladores persistió en el aire, la presidenta centró su discurso en la defensa de los recursos naturales y la conciencia popular como el principal escudo contra el regreso de lo que denominó la “oligarquía represora”. El acto concluyó como una validación del cambio de mando en la gestión de conflictos, aunque dejó abierta la cuenta pendiente sobre los autores intelectuales de la represión de 2006.