Un análisis de la UCLA revela que esta población constituye la octava economía del planeta, mientras las deportaciones amenazan con un colapso financiero.
El motor económico de América del Norte no se encuentra solo en los rascacielos de Wall Street, sino en los 38 millones de manos mexicanas y mexicoestadounidenses que operan en Estados Unidos. Este sector poblacional ha erigido un Producto Interno Bruto (PIB) colosal de 2.27 billones de dólares anuales, una cifra que, de ser un país independiente, lo posicionaría como la octava potencia mundial, desplazando a naciones industrializadas como Canadá o Brasil. No es solo un dato demográfico; es el 11% de la riqueza total estadounidense concentrada en una sola comunidad.
La arquitectura de esta bonanza se divide en dos pilares: los nacidos en territorio estadounidense, que aportan 1.31 billones de dólares, y los inmigrantes nacidos en México —independientemente de su estatus legal—, responsables de generar 792 mil millones de dólares. Sin embargo, este imperio económico enfrenta un asedio administrativo. Raúl Hinojosa Ojeda, titular de Estudios Chicanos de la UCLA, califica las actuales estrategias de expulsión masiva como un “desastre autoinfligido”, advirtiendo que el costo de perseguir a esta fuerza laboral supera con creces los supuestos beneficios de seguridad, impactando directamente en una recaudación fiscal donde los indocumentados ya inyectan 36 mil millones de dólares anuales.
La investigación desglosa una oportunidad histórica desperdiciada por tres décadas de fallos en el tratado comercial original. De haberse gestionado una integración laboral real desde los años noventa, el potencial de esta comunidad rozaría hoy los 3 billones de dólares, y el tamaño de la economía en México sería el doble del actual. En lugar de ello, la realidad de 2026 muestra centros de detención saturados con más de 60 mil personas y un promedio de 36 mil deportaciones cada mes, acompañadas de tácticas “silenciosas” que asfixian el acceso a servicios básicos y empleo.
El punto de mayor tensión radica en la paradoja fiscal: miles de millones de dólares fluyen hacia programas sociales que los propios contribuyentes migrantes jamás podrán utilizar. Regularizar a solo 4 millones de trabajadores no solo sacaría de la sombra a una fuerza productiva vital, sino que sumaría 15 mil millones de dólares extra al erario cada año. La narrativa del informe es clara: mientras el discurso político insiste en los muros, la demanda estructural de mano de obra en EE. UU. confirma que la migración es el combustible indispensable del sistema.
El cierre del análisis propone un giro de timón: transformar las remesas —que superan los 60 mil millones de dólares— en inversión productiva y fortalecer el T-MEC con infraestructura para el capital humano. La conclusión es una advertencia de urgencia económica: ignorar esta interdependencia no solo es un error humanitario, es renunciar a la mayor ventaja competitiva que posee la región frente al resto del mundo.