Archivos desclasificados exponen cómo exmandatarios mexicanos entregaron la soberanía informativa a Washington para cazar enemigos políticos bajo el velo de la seguridad.
El corazón del poder político mexicano funcionó, durante más de medio siglo, como una terminal de inteligencia para los Estados Unidos. Documentos de seguridad nacional recientemente liberados han desnudado la existencia de la Operación LIENVOY, un engranaje de espionaje masivo que no fue impuesto por Washington, sino irónicamente sugerido desde el despacho presidencial de Adolfo López Mateos. Lo que comenzó como una propuesta para monitorear objetivos comunistas terminó convirtiéndose en la red de vigilancia más ambiciosa en la historia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fuera de sus fronteras.
La estructura operaba mediante un binomio siniestro. Por un lado, LIENVOY se encargaba del trabajo sucio de las interceptaciones telefónicas, perforando la privacidad de las embajadas de Cuba y la Unión Soviética en suelo nacional. Sin embargo, el espionaje no se detuvo en diplomáticos extranjeros; la red alcanzó a figuras emblemáticas de la vida pública como el general Lázaro Cárdenas y el muralista David Alfaro Siqueiros. Bajo este esquema, el gobierno mexicano cedió el control de sus telecomunicaciones a cambio de una alianza que garantizaba la estabilidad del régimen frente a la “amenaza” ideológica externa.
Paralelamente, el proyecto LITEMPO consolidó una red de informantes de élite. No eran agentes de bajo rango, sino los propios inquilinos de Los Pinos. Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez aparecen en los registros como activos clave de Winston Scott, jefe de la CIA en México. LITEMPO funcionaba como una cañería de información extraoficial: datos sensibles que no pasaban por protocolos diplomáticos, permitiendo a EE. UU. influir directamente en la política interna mexicana mientras los mandatarios recibían el respaldo de la potencia del norte.
El punto de mayor tensión de esta complicidad ocurrió en 1968. Mientras el movimiento estudiantil clamaba por libertades, la CIA mantenía un seguimiento milimétrico de cada protesta, etiquetando a los jóvenes como “enemigos internos”. Tras la tragedia de Tlatelolco el 2 de octubre, la agencia federal se convirtió en el cómplice narrativo del gobierno mexicano. A pesar de saber que los estudiantes fueron cercados por tanques, Washington validó la versión de un enfrentamiento provocado por las víctimas, ocultando la magnitud de la matanza y asegurando la impunidad de sus informantes estrella en la presidencia.
Este entramado de operaciones encubiertas, que se prolongó formalmente hasta 1994, revela que la Guerra Fría en México no fue una disputa de potencias, sino un acuerdo de vigilancia conjunta donde la soberanía fue la primera baja. La CIA no necesitó invadir el país; le bastó con reclutar a quienes juraron defenderlo.