La presidenta explicó que las entrevistas ministeriales a los gobernadores de Chihuahua y Sinaloa son parte de investigaciones abiertas por agentes extranjeros y solicitudes de extradición de EE.UU., no acusaciones formales
Claudia Sheinbaum salió este 25 de mayo a poner paños fríos a la polémica por los citatorios que la FGR envió a dos gobernadores. María Eugenia Campos Galván, de Chihuahua. Y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. La presidenta fue clara: son diligencias ministeriales dentro de investigaciones ya abiertas. Nada más.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria detalló el origen de ambos casos. No es un solo expediente. Son dos líneas de investigación distintas.
La primera ocurre en Chihuahua. La Fiscalía investiga la presencia de agentes extranjeros en operativos realizados en la Sierra Tarahumara. El resultado fue trágico: dos personas vinculadas a agencias de seguridad de Estados Unidos murieron. En ese marco, la gobernadora fue llamada a una entrevista ministerial. Sheinbaum subrayó la diferencia: “No significa que haya imputación de algún tema”. Es un procedimiento habitual de esclarecimiento.
La segunda línea de investigación está en Sinaloa. El detonante fue una solicitud de detención con fines de extradición emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El blanco: diez ciudadanos mexicanos. La FGR abrió una carpeta. Y dentro de esa indagatoria, se citó a diversas personas a rendir entrevista. Allí aparecen autoridades estatales y actores políticos con incidencia en la entidad. Rocha Moya está entre ellos.
Sheinbaum defendió la actuación de la Fiscalía. Se mantiene, dijo, dentro de sus atribuciones constitucionales. Bajo el principio de debido proceso. Y pidió no adelantar conclusiones.
Las declaraciones presidenciales llegan después de que los citatorios se hicieran públicos y generaran reacciones políticas. Especialmente en Chihuahua, donde Campos Galván ya confirmó que acudirá ante la autoridad federal.
La presidenta también se refirió a las versiones que circulan sobre supuestas presiones o dichos atribuidos a reuniones con autoridades de Estados Unidos. Su veredicto: no corresponden a hechos verificables. Pidió no dar espacio a interpretaciones o información no confirmada. Eso, dijo, busca distorsionar el contexto de las investigaciones.
Y fue más allá. Calificó esas versiones como “ofensivas mediáticas”. Pero aseguró que no tienen impacto en la percepción ciudadana. La población, afirmó, mantiene su respaldo.
El cierre de la mandataria se alejó de los casos concretos. Habló del vínculo con la gente. “El adulto mayor en México se siente reconocido y las niñas y los niños se sienten reconocidas; no hay nada más hermoso que eso”, expresó. Ese contacto directo, dijo, es lo que mantiene la confianza social frente a este tipo de campañas.