Redada federal revela vínculos locales con grupos delictivos; investigaciones avanzan en varios estados y siguen detenciones.
La investigación bautizada como Operación Enjambre acumula ya más de 85 detenciones de funcionarios y exfuncionarios desde su inicio en noviembre de 2024, según autoridades federales. La estrategia —diseñada para romper presuntas redes de protección entre servidores públicos y organizaciones criminales— volvió a escalar esta semana con nuevos arrestos en Morelos.
Los operativos recientes incluyeron capturas en Cuautla y Amacuzac: entre los detenidos figuran el presidente municipal de Cuautla, el alcalde de Atlatlahucan y un exalcalde de Yecapixtla, así como síndicos, tesoreros y un empresario señalado como oficial mayor. Las autoridades federales también identificaron a un presunto operador de la Familia Michoacana en los procedimientos.
En su explicación pública, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que Enjambre es un trabajo conjunto que reúne a la SSPC, Sedena, Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y fiscalías estatales. El objetivo: desmantelar estructuras donde cargos públicos habrían servido para extorsión, protección o apoyo directo a delitos graves como secuestro y homicidio.
La pesquisa se nutre de denuncias ciudadanas e inteligencia compartida entre dependencias. La presidenta señaló que ese cruce de información es crucial para integrar carpetas de investigación y sostener solicitudes de órdenes de cateo y detención cuando existen indicios suficientes. Añadió que la coordinación permite construir casos que lleguen a judicializarse ante las fiscalías competentes.
Diversos episodios ilustran el alcance de la operación. En Jalisco, autoridades capturaron a alcaldes vinculados a investigaciones sobre predios y reclutamiento presuntamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación; en Puebla, el operativo alcanzó a tres presidentes municipales de una misma familia; en el Estado de México, se consignaron detenciones relacionadas con una red de extorsión supuestamente conectada con la Familia Michoacana.
Morelos se convirtió en el frente más reciente: la cadena de detenciones incluyó a funcionarios municipales y a un empresario local, reflejando la estrategia de apuntar tanto a servidores públicos como a presuntos operadores económicos y financieros que facilitarían actividades delictivas.
El punto de fricción es político y judicial: la presidencia ha insistido en que ninguna filiación partidista debe proteger a quienes resulten implicados y que corresponde a las fiscalías integrar y presentar cargos. Al mismo tiempo, las detenciones de alcaldes en funciones muestran la magnitud del problema cuando la investigación alcanza niveles locales de poder.
La operación continúa. Las autoridades anuncian que las acciones seguirán en entidades con indicios de infiltración criminal en gobiernos municipales; la fase actual prioriza inteligencia, denuncias y órdenes judiciales para seguir desmantelando las supuestas redes de complicidad.