La salida de Juan Francisco Vera Ayala ocurre mientras autoridades revisan el origen, propiedad y trazabilidad del combustible asegurado.
La operación involucró más de 59 millones de litros de combustible. Ahora también provocó la salida del delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato.
Omar García Harfuch confirmó este viernes 25 de septiembre que Juan Francisco Vera Ayala fue removido del cargo, luego de que la fiscal general, Ernestina Godoy, y su equipo detectaran anomalías relacionadas con el procedimiento realizado en San José Iturbide.
La decisión fue explicada durante la Mañanera del pueblo. Harfuch señaló que la separación obedeció a inconsistencias encontradas en la actuación de la delegación durante el operativo. El funcionario no presentó la remoción como un cambio administrativo ordinario, sino como una consecuencia directa de los hallazgos internos de la Fiscalía.
El caso comenzó el 3 de julio, cuando una persona fue detenida mientras presuntamente descargaba combustible desde una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz. En ese momento, la autoridad federal indicó que no podía acreditarse la trazabilidad del hidrocarburo.
La investigación condujo posteriormente a San José Iturbide. Ahí fueron asegurados 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de litros de gasolina Premium y 18.2 millones de litros de diésel. La suma superó los 59 millones de litros.
Sin embargo, la secuencia informativa abrió nuevas dudas. De acuerdo con lo expuesto por Harfuch, el despliegue había ocurrido aproximadamente dos semanas antes de que la FGR comunicara públicamente el aseguramiento. Además, indicó que la información se difundió sin que, según su explicación, hubiera sido completamente verificada.
El anuncio oficial llegó el 17 de septiembre. Después aparecieron cuestionamientos tanto sobre la forma en que se desarrolló el operativo como sobre la documentación de la empresa responsable de la terminal. La revisión dejó de concentrarse únicamente en el volumen asegurado y comenzó a dirigirse hacia el expediente completo.
Ahí se encuentra el punto más delicado. La FGR todavía no establece que el combustible tenga procedencia ilícita. La investigación sigue abierta y deberá determinar de dónde provino, quién es su propietario y cuál fue su ruta documental. Mientras tanto, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada revisa el caso.
La remoción del delegado se convierte así en el primer efecto institucional visible de un operativo que inicialmente fue presentado por la magnitud del aseguramiento. Ahora, la pregunta central ya no es solamente cuánto combustible fue localizado, sino qué falló antes, durante y después del procedimiento.