Ministra Batres Busca Revocar Amparo a Elektra de Salinas Pliego por Crédito Fiscal de 67 MDP

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LA BATALLA FISCAL: BATRES CONTRA SALINAS PLIEGO EN LA SUPREMA CORTE

En un movimiento que marca un antes y un después en la relación entre el poder judicial y los grandes contribuyentes, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, prepara un proyecto para revocar el amparo concedido a Grupo Elektra, del magnate Ricardo Salinas Pliego, por un crédito fiscal de 67 millones de pesos. La decisión, tomada este lunes 8 de septiembre por el Pleno de la Corte, revierte una situación anterior donde la extinta Segunda Sala había declarado impedida a Batres para intervenir en asuntos relacionados con el empresario. Con la integración de nuevos ministros tras la histórica elección judicial, la Corte envió un mensaje claro: los privilegios legales de los grandes capitales frente al fisco están bajo revisión.

El caso representa una prueba crucial para la nueva configuración de la SCJN. El proyecto de Batres, según lo revelado, plantea un cambio sustancial en la interpretación legal: argumenta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene la facultad de requerir directamente a las empresas controladas, sin necesidad de depender de sus matrices o controladoras. Esta interpretación, de prosperar, no solo revocaría el amparo que protege a Elektra, sino que sentaría un precedente monumental para el cobro de adeudos fiscales con otras grandes corporaciones. Significaría, en palabras llanas, que a Salinas Pliego “no le quedaría más remedio que pagar su deuda”.

Esta crónica narra cómo un cambio en la composición del máximo tribunal puede alterar el equilibrio de fuerzas entre el Estado y el poder económico. La reintegración del expediente a Batres simboliza una nueva voluntad de desafiar los candados legales que históricamente han protegido a los grandes deudores fiscales. Es el inicio de una batalla judicial que podría redefinir las reglas del juego entre Hacienda y los conglomerados empresariales, en un momento donde la política de “cero impunidad” fiscal es bandera del gobierno de Sheinbaum.

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