La presidenta responde a The Guardian y defiende la militarización de la seguridad pública, contrastando su estrategia con la “guerra contra el narco” del panista y señalando la corrupción en sexenios pasados
La pregunta llegó desde Londres. Una reportera de The Guardian quería saber si Claudia Sheinbaum contempla retirar a las fuerzas armadas de las calles mexicanas. La respuesta de la presidenta no fue un simple “no”. Fue un viaje al pasado reciente, un repaso por los esqueletos de la guerra contra el narco y una defensa cerrada de la militarización con un argumento contundente: ahora hay ley.
“Felipe Calderón sacó al Ejército y a la Marina a la famosa guerra contra el narco sin las condiciones jurídicas para hacerlo”, soltó Sheinbaum desde el podio de la mañanera. La frase no era una opinión, era una acusación directa contra el expresidente panista. En su narrativa, el actual gobierno opera sobre terreno firme: la participación de las fuerzas castrenses está regulada, no es una ocurrencia, no es un capricho. “Es legal, eso es lo primero”, subrayó.
Pero la defensa de la militarización no se detuvo en el contraste con Calderón. Sheinbaum también puso sobre la mesa el tema de la Guardia Nacional y su polémica adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional. Según la mandataria, lejos de ser una decisión autoritaria, se trata de una medida que garantiza a los elementos mejor capacitación, hospitales dignos, condiciones de operación y, sobre todo, un blindaje contra la corrupción.
Y ahí, la presidenta abrió otro capítulo de la historia reciente. “Nuestro país tuvo un secretario de seguridad vinculado con el narcotráfico”, dijo, sin nombrar a Genaro García Luna, pero con el dedo señalando hacia el pasado. Recordó a los Policías Federales que operaban sin cuarteles, alojados en hoteles, sin mínimas condiciones. Y luego apuntó hacia otro sexenio: “Cuando se llevó la seguridad a Gobernación, hubo muchos problemas de corrupción en el periodo de Peña Nieto”.
El mensaje era claro: la militarización no es un ideal, es una necesidad ante la podredumbre civil. Sheinbaum no propone un debate abstracto sobre el rol del Ejército en democracia. Plantea una ecuación práctica: en un país donde los secretarios de seguridad se vendieron al crimen y las policías federales eran un cascarón sin dientes, la Sedena es lo único que queda en pie.
La pregunta de The Guardian, inocente en apariencia, destapó una caja de pandora. La presidenta no solo defendió su política de seguridad, sino que puso en el banquillo a tres expresidentes: Calderón, por sacar a los militares a la calle sin ley; Peña Nieto, por la corrupción en su gobierno; y, de paso, a todo un sistema que falló.
Al final, la respuesta fue más allá del tema original. No se trataba de si las fuerzas armadas deben estar o no en las calles. Se trataba de quién las puso ahí, con qué herramientas y, sobre todo, con qué consecuencias. Sheinbaum cerró su argumento con una frase que quedó flotando: en el pasado, la guerra contra el narco fue un acto de voluntad sin sustento jurídico. Hoy, dijo, hay un marco legal. La diferencia, según ella, es abismal.