Claudia Sheinbaum exhibió a Mario Calzada, del PRI, por acumular 628 mil metros cúbicos en concesiones agrícolas sin costo; el agua era desviada a pipas, desarrollos inmobiliarios y un club de polo.
628 mil metros cúbicos de agua. Cinco títulos de concesión. Costo para el beneficiario: cero pesos. Ese era el patrimonio hídrico que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, el diputado priista Mario Calzada y su familia acumularon bajo el amparo de una figura legal destinada a la producción de alimentos. Pero el agua, dice el gobierno, nunca llegó a los cultivos. Terminó en pipas, en desarrollos inmobiliarios y en un club de polo.
La exhibición ocurrió durante la conferencia matutina en el marco del Día Mundial del Agua. Sheinbaum no solo señaló al legislador, sino que contrastó su conducta con su discurso público. Durante la discusión de la Ley de Aguas Nacionales, Calzada se había manifestado en contra de la reforma. Su argumento, según recordó la presidenta, era “defender el acceso del recurso para el pueblo”. La misma boca que levantaba la voz contra los cambios en la ley era la de un beneficiario de un esquema que, en los hechos, funcionaba como un negocio de reventa.
El titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, aportó los números que sustentan la acusación. La familia Calzada concentraba 628 mil metros cúbicos distribuidos en cinco concesiones. El mecanismo era simple: recibían el agua sin costo por estar etiquetada para riego agrícola, pero la utilizaban para comercializarla mediante pipas. También abastecían desarrollos inmobiliarios y mantenían un club de polo, actividades que nada tenían que ver con la producción de alimentos.
Sheinbaum fue directa en su explicación: “La Conagua le da un título de concesión para producir alimento, no pagaba el agua y aprovechaba ese título de concesión, compró un montón de pipas, de esa concesión usa el agua y le vende las pipas a los que no tienen agua”. La frase resume la operatoria que, según el gobierno, convirtió un derecho público en una fuente de lucro privado.
El punto de tensión no es solo la magnitud del desvío. Es la confrontación entre el discurso del legislador y sus prácticas. Sheinbaum utilizó la contradicción como arma política: el mismo hombre que se presentaba como defensor del acceso popular al agua era quien, desde los hechos, operaba un mercado paralelo del recurso.
Las autoridades, según detalló la presidenta, ya actuaron. Las concesiones fueron retiradas. El uso del agua fue clausurado. Pero no fue un proceso lineal. “Ya se les clausuró dos veces porque en la primera se ampararon”, reveló Sheinbaum. El recurso legal que Calzada utilizó para frenar la primera clausura es el mismo que, en su discurso público, dice defender para el pueblo.
La exhibición de este caso se inscribe en una ofensiva más amplia del gobierno contra las transmisiones de concesiones y el mercado negro del agua. La nueva Ley de Aguas, impulsada por la administración, eliminó precisamente ese tipo de mecanismos que permitían a particulares convertir derechos agrícolas en negocios inmobiliarios o de comercialización.
El cierre de la intervención presidencial dejó una imagen: la de un legislador que votó en contra de cerrar las vías para el mercado negro del agua mientras su familia operaba en ese mismo mercado. Sheinbaum no necesitó adornar la acusación. Los números y las dos clausuras previas, dijo, hablan por sí mismos.