La fiscal general presenta un proyecto que unifica criterios en todo el país, elimina atenuantes, declara el crimen imprescriptible y obliga a investigar toda muerte violenta de mujer como feminicidio.
Ni conmutación de pena. Ni libertad condicionada. Ni amnistías. Quienes cometan feminicidio en México quedarán fuera de cualquier beneficio judicial bajo el nuevo esquema que impulsa la Fiscalía General de la República. La propuesta, presentada este martes desde la conferencia matutina, contiene un mensaje sin precedentes: el crimen más atroz contra las mujeres será perseguido sin punto de retorno.
La fiscal Ernestina Godoy desglosó los alcances de una iniciativa que busca romper con el mosaico de desigualdades legales que hoy existen entre los estados. No se trata solo de endurecer las penas —aunque el proyecto las eleva hasta un rango de 40 a 70 años de prisión—, sino de desmantelar los mecanismos que históricamente permitieron la impunidad.
El corazón de la reforma opera en tres niveles simultáneos. Primero, establece un tipo penal único que define el feminicidio como la privación de la vida de una mujer por razones de género, con criterios claros: violencia sexual, antecedentes de agresión, contextos de poder desigual o motivaciones basadas en estereotipos y prejuicios. Segundo, elimina cualquier salida anticipada para los sentenciados. Tercero, impone un protocolo nacional que obliga al Ministerio Público a investigar bajo la hipótesis de feminicidio cada muerte violenta de una mujer.
El documento que se puso sobre la mesa contiene una estructura de 52 artículos organizados en ocho títulos. Pero más allá del andamiaje legal, lo que revela la iniciativa es un diagnóstico: las fiscalías estatales han operado con criterios dispares, con omisiones recurrentes y con prácticas que reproducen estereotipos de género en las investigaciones.
La propuesta ataca esos puntos débiles con herramientas concretas. Un catálogo de más de veinte agravantes permitirá aumentar la condena hasta en una mitad adicional. La reparación del daño y las sanciones mismas serán imprescriptibles. Y los agresores enfrentarán consecuencias colaterales que van más allá de la prisión: pérdida de derechos sucesorios, patria potestad, custodia e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El diseño incluye también una línea de protección específica para quienes quedan en la orfandad tras un feminicidio. Niñas, niños y adolescentes aparecen en el texto como víctimas indirectas con derecho a reparación integral.
El elemento más crítico del proyecto reside en lo que retira, no solo en lo que suma. Al declarar el feminicidio imprescriptible y eliminar los beneficios como la libertad condicionada o la conmutación de pena, la iniciativa rompe con una tradición legal que contemplaba salidas para condenados. La pregunta que subyace es si los congresos locales estarán dispuestos a adoptar un esquema que elimina cualquier margen de discrecionalidad.
Otro foco de tensión es la creación de unidades especializadas en las fiscalías estatales, un punto que históricamente ha enfrentado resistencias por los costos operativos y la falta de personal capacitado. La reforma no deja espacio para la gradualidad: exige protocolos homologados, uso de inteligencia y servicios periciales desde el primer momento.
El mensaje que dejó la fiscal desde la tribuna matutina es que el país no puede seguir funcionando con una geometría variable de justicia para las mujeres. La iniciativa no pide permiso para unificar criterios. La impone. Y al hacerlo, coloca sobre la mesa una definición: el feminicidio ya no será tratado como un homicidio agravado más, sino como una categoría autónoma con reglas propias, donde los agresores no tendrán puertas traseras.