Una demanda colectiva acusa a la agencia migratoria de mantener a detenidos en condiciones inhumanas en 26 Federal Plaza; el juicio comenzará el 26 de mayo ante el juez Lewis Kaplan, quien ya ordenó mejoras previas.
Decenas de personas durmiendo en el suelo. Sanitarios compartidos sin privacidad. Sin duchas. Con limitaciones en alimentos y medicamentos. Y, según los denunciantes, sin acceso a abogados. El próximo 26 de mayo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se sentará en el banquillo de los acusados. El juez Lewis Kaplan, de la corte federal del distrito sur de Nueva York, será quien dirima si las condiciones en las que la agencia mantiene a migrantes detenidos en su sede de Manhattan constituyen una violación constitucional.
La demanda se presentó en agosto pasado. La interpusieron la organización Make The Road, la Unión de Libertades Civiles y el bufete Wang Hecker. No es un recurso individual: es una demanda colectiva en nombre de cualquier persona detenida o que pudiera ser detenida en el edificio federal 26 Federal Plaza, en Manhattan. El corazón de la acusación tiene dos patas: condiciones físicas inhumanas y violación del derecho a representación legal.
Los demandantes sostienen que muchos migrantes fueron detenidos cuando acudían a citas en cortes de inmigración o a trámites relacionados con su estatus legal. Es decir, personas que creían estar regularizando su situación fueron trasladadas a instalaciones donde, según la denuncia, las condiciones equivalen a confinamiento punitivo sin el debido proceso.
Las bases legales son dos enmiendas constitucionales. La Primera Enmienda, argumentan, se vulnera al impedir el acceso a abogados. La Quinta Enmienda, al someter a los detenidos a condiciones punitivas sin haber sido condenados por ningún delito. En el centro del debate está una distinción que el Departamento de Seguridad Nacional ha defendido: el lugar no opera como un centro de detención formal.
La evidencia que ha salido a la luz es contundente. Un video difundido en julio por la Coalición de Inmigración de Nueva York mostró el interior de las instalaciones. Imágenes que no admiten matices: personas apiñadas, durmiendo en el suelo, sin acceso a duchas, con sanitarios que carecen de privacidad básica. Las denuncias sobre limitaciones en alimentos y medicamentos completan un cuadro que, para los demandantes, constituye un patrón sistemático.
Los legisladores de Nueva York también han tenido un papel en la visibilización del caso. Denunciaron que el ICE les negó en múltiples ocasiones el acceso a las instalaciones, pese a que tienen facultades legales para supervisarlas. La negativa sistemática a permitir visitas de supervisión añade una capa de opacidad que la demanda busca perforar.
Tras la presentación del recurso, el juez Kaplan ya ordenó a la agencia mejorar las condiciones. Esa orden fue un primer paso. Pero lo que ahora se dirimirá en el juicio es si las condiciones vigentes constituyen una violación constitucional que amerita una reparación estructural. En el proceso, abogados de los migrantes y representantes de la administración Trump han intercambiado información, incluyendo declaraciones de altos funcionarios y la revisión de registros de personas detenidas.
El elemento más crítico del caso es la naturaleza de las instalaciones. El Departamento de Seguridad Nacional insiste en que 26 Federal Plaza no es un centro de detención. Pero los demandantes sostienen que, funcionalmente, actúa como uno. Personas que acuden voluntariamente a trámites migratorios terminan confinadas allí durante días, en condiciones que, según la demanda, equivalen a un castigo antes de cualquier proceso judicial.
La distinción entre centro de detención formal y espacio de confinamiento transitorio se vuelve central para determinar el alcance de las obligaciones legales de la agencia. Si el lugar no está diseñado para detenciones prolongadas, pero la práctica de la agencia es mantener a personas allí durante períodos significativos, el argumento de los demandantes cobra fuerza.
El juicio también pondrá en el centro la cuestión del acceso a representación legal. La Primera Enmienda protege el derecho a solicitar asesoramiento legal. Si se prueba que el ICE sistemáticamente impidió o dificultó ese acceso, la violación constitucional sería clara. Los legisladores que intentaron visitar las instalaciones y fueron rechazados aportan testimonio de un patrón de opacidad.
El 26 de mayo, el juez Lewis Kaplan abrirá el juicio que determinará si las condiciones en 26 Federal Plaza constituyen una violación de los derechos constitucionales de los migrantes. La demanda colectiva, que representa a todos los que han pasado o puedan pasar por esas instalaciones, busca no solo una reparación para los afectados, sino una declaración judicial que obligue al ICE a modificar sus prácticas. Mientras tanto, las imágenes de personas durmiendo en el suelo, sin duchas y con acceso restringido a abogados, siguen siendo el testimonio visual de lo que está en juego.