La mandataria federal cuestionó el incremento del 7 al 10 por ciento en diésel y gasolina premium pese a los incentivos fiscales; anunció una reunión con Pemex y Profeco y advirtió que no habrá control de precios pero sí vigilancia.
29.50 pesos por litro de diésel. Ese fue el detonante. Claudia Sheinbaum lo vio durante su gira del fin de semana y no lo dejó pasar. Desde la conferencia matutina, la Presidenta lanzó una advertencia directa a los gasolineros: los incentivos fiscales existen, el combustible importado tiene estímulos, y el incremento del 7 al 10 por ciento en la gasolina premium y el diésel que comenzó tras los ataques a Irán no tiene justificación.
El contexto internacional es ineludible. Desde que Estados Unidos e Israel intensificaron sus operaciones contra Irán, los precios de los combustibles en México han mostrado una tendencia alcista. Pero Sheinbaum deslindó la responsabilidad: no es el mercado internacional, son los distribuidores locales. “Los gasolineros están subiendo el precio del diésel y la Premium, lo digo públicamente, y hay incentivos”, afirmó.
La Presidenta explicó que el gobierno ha otorgado estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para mitigar el impacto de la volatilidad internacional. Esos incentivos, según su argumentación, deberían haber contenido los precios. En cambio, los gasolineros trasladaron al consumidor final un aumento que la mandataria considera desproporcionado.
“No tendría por qué estar el diésel en 29.50 pesos”, cuestionó. La frase, dicha con el tono de quien entrega un dato concreto, establece el parámetro de lo que el gobierno considera un abuso. El incremento, advirtió, no responde a una necesidad operativa sino a una oportunidad.
La estrategia de respuesta tiene dos frentes. El primero es la convocatoria a una reunión entre gasolineros, Pemex y la Procuraduría Federal del Consumidor. Sheinbaum instruyó a las secretarías de Hacienda y Energía para que convoquen a los empresarios del sector. El objetivo, según detalló, es resolver el asunto de manera directa, sin intermediarios ni dilaciones.
El segundo frente es la vigilancia. La Presidenta aclaró que no se trata de un control de precios, pero advirtió que la Profeco “va a estar ahí también”. La frase sugiere que el gobierno no intervendrá en la fijación de tarifas, pero tampoco tolerará lo que considera un aprovechamiento de la coyuntura internacional.
El argumento de Sheinbaum se sostiene en una premisa técnica: aunque el diésel sea importado, los gasolineros cuentan con incentivos del IEPS que deberían compensar las variaciones del mercado externo. “Aunque importen diésel, ellos tienen incentivos, y no tiene por qué costar eso el diésel”, insistió. La repetición del dato —el precio de 29.50 pesos— opera como una cifra ancla que el gobierno usará para medir la disposición de los empresarios a ajustar sus márgenes.
El elemento más crítico del anuncio es la vinculación explícita entre el aumento de precios y la situación geopolítica. Sheinbaum no mencionó a Irán como una excusa, sino como un contexto que algunos gasolineros estarían utilizando para justificar incrementos que los incentivos fiscales ya deberían haber absorbido. “No puede ser que aprovechen la situación mundial para subir el precio”, sentenció.
La acusación es grave. El gobierno está señalando que los distribuidores de combustible están utilizando una crisis internacional para aumentar sus márgenes de ganancia a costa de los consumidores. La reunión convocada con Pemex y Profeco no es, en ese sentido, una mesa de negociación técnica. Es, en la lectura oficial, un llamado al orden.
La Presidenta se cuidó de no caer en el discurso del control de precios, un fantasma que la administración ha evitado invocar explícitamente. Pero la convocatoria a Profeco, con su capacidad de inspección y sanción, introduce un elemento disuasivo que los gasolineros no pueden ignorar. La advertencia es clara: si no hay ajuste voluntario, habrá supervisión.
El precio del diésel en 29.50 pesos se convirtió en el símbolo de una disputa que Sheinbaum decidió hacer pública. La Presidenta no solo cuestionó a los gasolineros, sino que puso un número sobre la mesa y lo contrastó con los incentivos que el gobierno ha otorgado. La reunión con Pemex y Profeco será el escenario donde los empresarios deberán explicar por qué, pese a los estímulos fiscales, el consumidor sigue pagando un combustible que, según la mandataria, “no tendría por qué costar eso”. En el fondo, la pregunta que el gobierno deja flotando es quién está pagando realmente los costos de la escalada en Oriente Medio.