La reforma electoral de Sheinbaum obtuvo mayoría en lo general con el respaldo de Morena y aliados, pero en lo particular el Partido del Trabajo rompió la disciplina para oponerse a que la consulta se realice en 2027.
87 contra 41. La mayoría era suficiente, pero la fisura apareció. El Pleno del Senado aprobó en lo general el Plan B de Reforma Electoral impulsado por Claudia Sheinbaum. El respaldo de Morena y sus aliados aseguró el avance. Pero cuando la discusión pasó a lo particular, el Partido del Trabajo marcó su propia línea: no apoyaría la propuesta de adelantar la Revocación de Mandato para 2027.
La votación en lo general no dejó margen para la sorpresa. 87 senadores respaldaron el proyecto; 41 se opusieron. Entre los votos en contra estuvieron Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y un legislador del Verde que rompió con la bancada mayoritaria. Pero el conflicto no estaba en los números gruesos, sino en los detalles que empezaron a desgranarse en la discusión particular.
El PT, que forma parte de la coalición que respalda a Sheinbaum, anunció que no acompañaría el artículo que somete al Ejecutivo federal a Revocación de Mandato en 2027. La decisión no es menor. Si el artículo es modificado o retirado, el gobierno perdería una de las piezas centrales del Plan B: la posibilidad de adelantar la consulta de revocación para que coincida con las elecciones intermedias.
La discusión en lo particular mantiene en vilo el desenlace final. Mientras el bloque oficialista busca mantener la redacción original, el PT sostiene su posición en contra. El resto de la oposición, que ya votó en contra en lo general, se mantiene alerta a las modificaciones que puedan introducirse.
El contenido de la reforma que ya fue aprobada en lo general tiene un peso estructural. En materia de gobiernos locales, limita a 15 el número de regidurías en los municipios, una medida que busca reducir el gasto público en estructuras administrativas. En materia de derechos de los funcionarios electorales, elimina una serie de beneficios que la administración considera privilegios.
El paquete de recortes a las prestaciones de consejeros del INE, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y Organismos Públicos Locales Electorales es uno de los ejes de la reforma. La iniciativa elimina seguros de gastos médicos privados, seguros de vida, pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales y cualquier prestación no prevista en la ley.
La lógica del gobierno es clara: el gasto en privilegios de los funcionarios electorales debe redirigirse a servicios públicos. La reforma busca materializar esa transferencia mediante la eliminación de beneficios que, según la administración, exceden lo establecido en la Constitución.
El punto más crítico del debate es la Revocación de Mandato. La iniciativa de Sheinbaum busca que la consulta pueda realizarse en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias, en lugar de esperar al cuarto año de gobierno. El PT argumenta que adelantar la revocación podría generar confusión en el proceso electoral y que debe analizarse con más profundidad.
La postura del PT introduce un elemento de incertidumbre en un proceso que, hasta la votación en lo general, parecía encaminado sin mayores sobresaltos. Si el partido mantiene su negativa y logra sumar otras voluntades en el pleno, el artículo podría ser modificado o incluso eliminado. En ese escenario, el Plan B perdería una de sus patas centrales.
La oposición, que ya votó en contra del proyecto en su conjunto, observa con atención. Una modificación que debilite la propuesta original sería interpretada como un triunfo parcial, aunque la reforma en su núcleo —la reducción de privilegios y la limitación de regidurías— ya cuenta con el respaldo mayoritario.
El Senado aprobó el Plan B en lo general con una mayoría clara. Pero la discusión en lo particular ha dejado en evidencia que la disciplina de la coalición oficialista tiene límites. El PT no acompañó la revocación en 2027 y mantiene su postura. Mientras tanto, la reforma ya eliminó seguros privados y pensiones especiales para funcionarios electorales, y limitó las regidurías municipales. El gobierno celebra el avance, pero sabe que la batalla final por la Revocación de Mandato aún no está resuelta.