La mandataria defiende la legalidad en el caso de Rubén Rocha Moya y asegura que la soberanía nacional no se subordinará a denuncias sin sustento.
En el Salón Tesorería, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha trazado una línea de fuego contra lo que califica como una orquestación mediática de la derecha. El centro de la controversia: las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Para la jefa del Ejecutivo, los señalamientos que vinculan a políticos mexicanos con estructuras delictivas carecen de evidencias sólidas y forman parte de una narrativa impulsada por “comentócratas” que buscan desestabilizar al actual régimen de transformación.
La estrategia de Palacio Nacional es clara: remitir todo proceso a los cauces institucionales sin excepciones. Sheinbaum comparó la gestión del caso sinaloense con la de Chihuahua, enfatizando que en ambas situaciones se ha instruido a la Fiscalía para que determine si existen transgresiones constitucionales. “No protegemos a nadie”, sentenció, rechazando las críticas de sectores internacionales que pretenden revivir la tesis de supuestos nexos entre el Gobierno y el narcotráfico. Según la mandataria, el respeto a la ley y a la soberanía es el único parámetro de actuación de su administración.
Más allá de la defensa legal, Sheinbaum vinculó la integridad de su proyecto con los resultados económicos del país. Argumentó que la eliminación de la corrupción ha permitido una recaudación histórica sin la necesidad de imponer nuevos impuestos. Este saneamiento de las finanzas públicas es, según sus cifras, lo que permite inyectar un billón de pesos directamente en programas de bienestar durante el presente ejercicio. Para la Presidenta, la solvencia de estos apoyos sociales es la prueba irrefutable de que la corrupción ha dejado de ser el motor del Estado, desafiando a sus críticos a explicar de qué otra forma se podrían financiar tales montos si no existiera una política de austeridad y honestidad.