La Consejería Jurídica advierte que Washington falló al acreditar la “urgencia” del arresto de 10 funcionarios; el proceso queda congelado en fase técnica.
El andamiaje legal que busca llevar a 10 funcionarios mexicanos ante la justicia de Nueva York ha chocado con un muro burocrático en la Ciudad de México. Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, reveló que la ofensiva legal lanzada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York carece de los sustentos necesarios para proceder de manera inmediata. Según la funcionaria, la administración estadounidense optó por un atajo jurídico —la detención provisional— sin aportar las pruebas que justifiquen una necesidad de cautela o un riesgo real de fuga.
La controversia radica en la interpretación del tratado bilateral. Mientras EE.UU. busca la captura expedita, México sostiene que no se han cumplido los requisitos de los artículos 10 y 11 del convenio. Hasta el momento, no existe una “solicitud formal de extradición” que detalle delitos, fundamentos y pruebas de responsabilidad; lo que hay en la mesa es una petición de emergencia que la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha calificado como “insuficiente”. Este vacío ha forzado a la Cancillería a exigir información complementaria antes de siquiera considerar llevar el caso ante un juez de control.
Durante la comparecencia de este 4 de mayo, Alcalde Luján subrayó un punto crítico: el proceso ha sido contaminado. La filtración de los nombres y los detalles de la petición diplomática fue calificada por el Gobierno como una violación a la presunción de inocencia y a la confidencialidad que exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este “linchamiento mediático”, advierten desde Palacio Nacional, pone en riesgo la imparcialidad de cualquier juicio futuro.
Por ahora, el sistema judicial mexicano no ha dado un solo paso hacia la fase operativa. Sin pruebas de urgencia, no hay órdenes de aprehensión. La pelota está de vuelta en la cancha de Washington, que deberá decidir si aporta los elementos faltantes o espera a formalizar una solicitud de extradición completa, un proceso que podría tardar meses en madurar bajo el estricto análisis técnico que México ha impuesto.