La Presidenta denuncia una “campaña misógina” y mediática mientras el Gabinete de Seguridad toma el control en Sinaloa para ratificar la colaboración con el gobierno interino.
En un despliegue de firmeza institucional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado al Gabinete de Seguridad trasladarse de inmediato a Sinaloa. El objetivo es claro: sellar la cooperación con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya. Sin embargo, el trasfondo de esta movilización no es solo operativo, sino diplomático y soberano. La mandataria ha puesto un freno seco a la solicitud de detención urgente emitida por una corte del Distrito Sur de Nueva York, exigiendo que Estados Unidos rinda cuentas sobre la “urgencia” y las pruebas que sustentan tal petición.
“¿Qué pruebas tienen?”, cuestionó la Cancillería mexicana bajo instrucción presidencial. Para Sheinbaum, el proceso impulsado por el Departamento de Justicia estadounidense carece, hasta el momento, de los elementos técnicos que justifiquen una aprehensión inmediata por riesgo de fuga u obstrucción. La estrategia de la administración es técnica y política: mientras la FGR analiza si el expediente cuenta con sustento real, la Presidenta defiende la soberanía como un principio “no negociable”, incluso tratándose de gobernadores de la oposición.
La mandataria no solo enfrentó la presión externa, sino que arremetió contra la narrativa interna. Denunció un “linchamiento de ocho columnas” que violó la confidencialidad del proceso y acusó de misoginia a quienes sugirieron que su reciente viaje a Palenque fue para “pedir línea” al expresidente López Obrador. “No tendría nada de malo reunirme con él, pero no lo hice”, aclaró, defendiendo su capacidad de mando y autonomía.
Para desmarcar su movimiento de cualquier nexo criminal, Sheinbaum recordó que México ha entregado a 94 líderes delictivos a EE.UU. y ha procedido contra alcaldes de su propio partido, como el de Tequila, bajo cargos de vínculos con el narco. Con la recaudación en niveles récord y un billón de pesos destinados al bienestar, la Presidenta sostiene que la verdadera prueba de su lucha anticorrupción es la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza, una realidad que, afirma, la derecha nacional e internacional intenta opacar con campañas de lodo.