Mientras Washington amenaza con la pena capital para el líder de 94 años por un derribo de 1996, la isla moviliza a sus jóvenes y sus tanques simbólicos frente a la embajada yanqui.
La pena máxima flota en el expediente. Cadena perpetua o muerte. Esa es la apuesta judicial que Estados Unidos ha colocado sobre la mesa contra Raúl Castro. La respuesta de La Habana no se hizo esperar y tuvo el sabor de una marea humana.
Más de un cuarto de millón de personas abarrotaron la Tribuna Antimperialista José Martí. El objetivo: escupir contra el expediente abierto por Washington. Al frente, Miguel Díaz-Canel tomó la palabra. No estaba solo.
La convocatoria nació desde las bases juveniles. La Unión de Jóvenes Comunistas, junto a organizaciones de masas, colectivos estudiantiles y movimientos de la misma generación, lanzaron el llamado. La fecha elegida no fue casual: se inscribe en los festejos por el cumpleaños número 95 del propio acusado.
Meyvis Estévez, primera secretaria de la UJC, soltó una declaración que funciona como síntesis perfecta del ambiente. Lo que agrupa a los manifestantes, explicó, es la dignidad de la nación insular, la reivindicación de su capacidad de decidir sin tutelas y un legado que les fue transmitido por Fidel y el mismo Raúl.
La dirigente calificó el proceso judicial como una acusación infame. Y fue más allá. No se trata solo del caso de Castro, denunció. Detrás asoma el cerco energético y el bloqueo histórico que Washington mantiene sobre la isla. Su cierre fue una declaración de principios: defienden la revolución, el socialismo y la patria.
En la tarima oficial coincidieron figuras de peso. El primer ministro Manuel Marrero ocupó un lugar destacado. También estuvieron Roberto Morales, secretario de Organización del Partido Comunista, y el legendario Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado. Sin embargo, la ausencia gritaba más fuerte que muchas presencias.
Raúl Castro, el aludido central, no asistió. A sus 94 años, el militar se mantuvo alejado de la multitud que lo respaldaba. El dato no es menor en clave simbólica.
El detonante del conflicto llegó el 20 de mayo. Ese día, Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, destapó una acusación penal de alto voltaje. El cargo: conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. El hecho que se le imputa ocurrió en 1996, cuando dos aeronaves de la organización civil Hermanos al Rescate fueron derribadas.
Pero el expediente guardaba una cláusula explosiva. En una comunicación separada, el Departamento de Justicia estadounidense precisó la magnitud del castigo potencial. Si son hallados culpables, Castro y otros cinco funcionarios podrían recibir la pena de muerte o pasar el resto de sus días tras las rejas con una cadena perpetua.
La tribuna frente a la embajada de Estados Unidos se convirtió entonces en un termómetro de la tensión acumulada. Las consignas no solo rechazaban la persecución al exmandatario, sino que renovaban la vieja disputa contra el cerco que, según La Habana, Washington no ha levantado en décadas.
Mientras Díaz-Canel encabezaba el acto, la pregunta sobrevolaba el ambiente: ¿Estados Unidos ejecutará realmente su amenaza capital? Por ahora, la respuesta de la isla ya está escrita en las calles y en el respaldo masivo a un hombre que, a los 94 años, se enfrenta a la justicia estadounidense sin moverse de su tierra.
El abrazo popular a Castro no tiene fecha de caducidad. Y la Plaza lo demostró con creces.