Sara Carter, figura clave en la estrategia antidrogas de EE. UU., afirma que se perseguirá a funcionarios mexicanos presuntamente aliados del Cártel de Sinaloa; cooperación bilateral se intensifica.
La voz que marca la nueva fase de la política antidrogas proviene de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas y tiene nombre propio: Sara Carter. La funcionaria, presentada por funcionarios y medios como la zar antidrogas del Gobierno de Donald Trump, anunció una ofensiva que no solo apunta a líderes criminales, sino también a los servidores públicos que los habrían protegido.
Carter dejó claro que la estrategia estadounidense ha escalado: además de atacar a las estructuras operativas del Cártel de Sinaloa, la orden es ir tras los funcionarios acusados de facilitar su accionar. Aunque en su intervención no citó nombres, las piezas periodísticas que reproducen sus palabras interpretan que la referencia abarca a gobernantes y autoridades señaladas por investigaciones previas.
La reconstrucción de los hechos muestra una mezcla de advertencia y acción: EE. UU. asegura contar con una colaboración con México que permite tramitar órdenes de aprehensión y avanzar en procesos contra quienes sirven de pantalla política al crimen organizado. Fuentes analizan que esa cooperación, según Carter, es “sin precedentes” y sustenta la capacidad de Washington para ejecutar pasos legales más audaces.
El punto de mayor tensión es político y diplomático: acusar a autoridades mexicanas de colusión con cárteles —como indicó indirectamente la funcionaria— coloca a la relación bilateral en un terreno sensible. La presión por resultados judiciales choca con las demandas de respeto a la soberanía y complica la agenda compartida contra el narcotráfico.
Cierra la intervención la sensación de una estrategia trazada desde la cima: con Sara Carter al frente, la Casa Blanca proyecta que no se limitará a perseguir capos; buscará cortar las redes de protección dentro del aparato público. Es una advertencia que redefine prioridades y condiciona la continuidad de la cooperación entre ambos gobiernos.