Sheinbaum firma convocatoria: consulta del 1 de julio al 13 de septiembre y entrega al Congreso el 12 de octubre, según resultados.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la convocatoria para someter a diálogo y consulta la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El calendario se mueve, las comunidades toman la palabra y, con ello, la promesa central: que la iniciativa llegue al Congreso para su discusión y aprobación, una vez concluido el proceso y tras incorporar lo planteado por los propios sujetos de la ley.
La ruta se anunció durante la Mañanera del Pueblo y arrancará con una idea que coloca el énfasis en el “antes” y el “después”: recabar opiniones, propuestas y planteamientos de las comunidades y, una vez cerrada la consulta, integrar lo recibido para presentar la iniciativa al Congreso de la Unión.
Sheinbaum lo ató a una fecha cargada de significado. Planteó que el 12 de octubre —hoy reconocido como Día de la Resistencia de los Pueblos— sea el momento en que la propuesta se entregue para su aprobación. Aclara un punto clave: el envío dependerá de cómo avance la consulta.
Ahí aparece la dimensión política y jurídica del anuncio. La mandataria presentó la ley como un cambio histórico, porque afirmó que por primera vez en la historia del México independiente existe un reconocimiento constitucional pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El argumento contrasta con el recorrido previo que enumeró: recordó que las constituciones de 1824 y 1857 no contemplaron un reconocimiento específico para estos derechos, mientras que la de 1917 solo incorporó aspectos vinculados con propiedad comunal y ejidal.
Para Sheinbaum, el quiebre llegó en 2024 con la llegada de la Cuarta Transformación, cuando dijo que se modificó la Carta Magna para reconocer plenamente esos derechos. Con esa base, la propuesta de ley busca que los derechos queden establecidos jurídicamente, no sujetos a decisiones administrativas o presupuestales de los gobiernos en turno.
El carácter de “investigación” de la iniciativa —en el sentido de reconstruir el origen y el procedimiento— también se hizo explícito: la mandataria afirmó que el proyecto se elaboró con participación de diversas comunidades y del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. En ese marco, sostuvo que no es un documento hecho solo por funcionarios o especialistas, sino un texto que surge de los propios pueblos.
En ese punto, Sheinbaum subrayó que la consulta representa un ejercicio con sello propio. Dijo que, por primera vez, una ley vendría desde los pueblos y no desde despachos cerrados. Aseguró que participaron muchas comunidades y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en la elaboración, y que el documento presentado para consulta se construyó a partir de ese trabajo.
La presidenta además ligó el proyecto a un enfoque ideológico: afirmó que tiene que ver con el “humanismo mexicano”, con el reconocimiento de las grandes civilizaciones originarias como uno de sus pilares. Desde esa perspectiva, habló de la permanencia de los pueblos y afromexicanos como señal de la importancia de reconocer la diversidad cultural del país.
Para reforzar el peso social del tema, mencionó la magnitud de la población: señaló que alrededor de una quinta parte se identifica como indígena o afromexicana. Con ese dato, la consulta se planteó como algo más que un trámite: una construcción legislativa basada en participación directa.
El dispositivo institucional detallado también marcó el punto de tensión: la consulta no se reduce a una sola ronda. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa se someterá a consulta con 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Alcalde describió el proceso en cinco etapas. Primero, la firma y publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, que formaliza el inicio. Después, una fase informativa del 1 de julio al 6 de agosto. Luego, una etapa deliberativa que correrá del 7 de agosto al 13 de septiembre, donde cada comunidad discutirá la iniciativa de acuerdo con sus propios sistemas normativos internos y formas tradicionales de organización. En ese lapso se realizarán 82 asambleas regionales de consulta y siete mesas de trabajo en Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro.
La cuarta etapa, del 21 de septiembre al 11 de octubre, se concentrará en el análisis e incorporación de propuestas, recomendaciones y conclusiones. La quinta etapa será la presentación formal de la iniciativa ante el Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo Federal el 12 de octubre, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural y el Día de la Resistencia Indígena.
El relato de “quiénes” participan se completó con cifras que conectan territorio, lenguas y población. El titular del INPI, Adelfo Regino Montes, explicó que los sujetos de la legislación serán 70 pueblos: 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano; además de 16 mil 728 comunidades, 68 lenguas indígenas catalogadas y 25.8 millones de personas indígenas y afromexicanas, que representan el 20.5% de la población nacional.
Con ese cierre, el mensaje quedó armado en dos planos: uno simbólico, donde la presidenta habló de la grandeza cultural con raíces que nacen “hace miles de años”, y otro operativo, donde la consejera jurídica y el INPI detallaron un proceso con fechas, etapas y mecanismos para incorporar lo acordado.
Sheinbaum concluyó que la consulta es un ejercicio único en la historia de México y que permitirá construir una legislación sustentada en participación directa. En esa apuesta, el 12 de octubre aparece como el punto de consecuencia: si el diálogo avanza y lo propuesto se integra, la iniciativa deberá pasar a discusión parlamentaria. Si no, el envío se ajustará al ritmo de la propia consulta.