Pekín acusa falta de base legal internacional y responde al proyecto con aranceles sobre compras de petróleo y gas rusos.
El mensaje de Pekín llegó directo y con tono de choque: China rechazó el proyecto de ley estadunidense que prevé sanciones para los principales compradores de petróleo y gas rusos, ubicando a China entre los países afectados, y advirtió que actuará para proteger los intereses de sus empresas y ciudadanos.
En una comparecencia ante prensa, el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, calificó la propuesta como sanciones “unilaterales” que, según su postura, serían ilegales, sin fundamento en el derecho internacional y sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. La formulación no se limita a un desacuerdo político: plantea una objeción jurídica y, sobre todo, una respuesta preventiva.
A partir de ese marco, el diplomático afirmó que China tomará “todas las medidas necesarias” para defender los derechos e intereses legítimos de sus empresas y ciudadanos. Es decir: Pekín no solo rechaza la iniciativa, también deja abierta la puerta a una reacción que busca blindar a actores económicos nacionales frente a una eventual aplicación.
La disputa gira alrededor de un diseño legislativo con números concretos. La nueva versión del proyecto estadunidense contempla aranceles de hasta 100% para los países que sigan comprando petróleo y gas rusos. Eso representa una reducción frente al 500% planteado en una versión inicial. Sin embargo, aun con el recorte, el impacto potencial sigue siendo severo si se toma en cuenta el lugar que ocupan los flujos energéticos en la relación de cada país con Rusia.
De acuerdo con lo que señala el texto, entre los cinco principales compradores afectados aparece China. El dato coloca a Pekín en el centro del tablero: no como observador, sino como objetivo de la presión comercial diseñada desde Washington.
El documento, además, incorpora criterios de excepción. Se prevé que queden fuera de las sanciones aquellas naciones cuyas compras de energía rusa representen menos del 15% de sus importaciones totales de petróleo y gas y que, al mismo tiempo, adopten “medidas significativas” para reducir esa dependencia. Es una condición doble: no basta con reducir volumen; el proyecto exige una conducta asociada a una salida calculada.
También se contempla una válvula política: permitiría al presidente estadounidense, Donald Trump, suspender la aplicación de sanciones si considera que la medida responde a los intereses nacionales de Estados Unidos. Con esto, la aplicación deja de ser automática: depende de una decisión presidencial.
El punto más sensible, no obstante, aparece fuera del texto de aranceles: el impulso legislativo detrás del proyecto. La iniciativa fue promovida por el senador Lindsey Graham, quien habría fallecido de manera repentina el pasado 11 de julio. Según el contenido base, Rusia incluyó al senador en su lista de terroristas y extremistas, y el mismo documento recalca que Graham era uno de los principales promotores.
Tras ese fallecimiento, varios legisladores estadunidenses manifestaron intención de continuar con la iniciativa. Pero el material también deja una duda abierta: todavía no está claro si la muerte del senador acelerará la aprobación del proyecto o si, por el contrario, frenará el proceso. Esa incertidumbre agrega tensión al momento político: el empuje inicial podría reactivarse o diluirse según las dinámicas internas en Washington.
En este contexto, la advertencia china funciona como una respuesta anticipada ante un escenario de posible ejecución. El eje del conflicto, entonces, no es únicamente la energía; es la lectura de legitimidad. Pekín rechaza la unilateralidad y el respaldo internacional insuficiente; Estados Unidos plantea aranceles condicionados y excepciones; y, en medio, la figura del legislador impulsor aparece como un factor que puede mover el ritmo legislativo.
China lo dijo con claridad: si se aplican sanciones, Pekín no se quedará quieto—protegerá a sus empresas y ciudadanos con medidas propias.