Acusan al gobierno de armar una “lista negra” con datos de quienes documentan a inmigración y de castigar con represalias.
Cuando el DHS despliega vigilancia para seguir a quienes observan y registran acciones de control migratorio en público, el conflicto deja de ser abstracto: se vuelve inmediato, personal y medible en represalias. Una demanda busca detener la política secreta que, según los demandantes, recopila, almacena y usa información sobre personas que se manifiestan o documentan, incluyendo operativos vinculados a ICE.
El planteamiento se centra en la rendición de cuentas que, sostienen, el gobierno no está ofreciendo. Nicole Clealand, una de las demandantes, sostiene que el deber de transparencia debe permitir observar y documentar sin caer en el rastreo o en castigos por ejercer derechos. En esa misma línea, el caso describe un patrón de intervención estatal que irrumpe donde debería existir libertad de expresión en el espacio público.
La acusación apunta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Se afirma que el organismo habría desplegado herramientas para identificar y seguir a observadores: reconocimiento facial, cámaras corporales, datos de matrículas, dispositivos móviles y otros mecanismos de vigilancia. La demanda no presenta estos elementos como incidentes aislados, sino como engranajes capaces de convertir la observación legal en una ruta de identificación.
Ahí aparece uno de los puntos más sensibles: el acceso y la continuidad de registros. Los demandantes señalan que el DHS mantendría y consultaría esos datos, incluyendo el Sistema Automatizado de Selección de Objetivos (ATS). Con esa base, sostienen que la información podría terminar compartiéndose con otras agencias de aplicación de la ley, expandiendo el alcance del supuesto control.
La tensión sube cuando la demanda introduce la idea de castigo directo. Se alega que el DHS habría utilizado la información para revocar privilegios de Global Entry, un mecanismo que facilita el tránsito en aeropuertos, como represalia por ejercer derechos constitucionales. Para quienes demandan, no se trata de perder un beneficio administrativo: se trataría de una estrategia para intimidar, para que la ciudadanía decida mirar hacia otro lado en lugar de exigir responsabilidades.
Los nombres también importan. Entre los demandantes figuran EPIC (Centro de Información sobre Privacidad Electrónica), Cleland, Jacquelyn Ivey y Anna Walker. Democracy Forward indica que representan a los demandantes junto con Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, y presenta el caso como una respuesta a la vigilancia y a las consecuencias sufridas por observadores legales.
El documento judicial describe además supuestos casos en distintas ciudades donde, según la acusación, los agentes no solo recopilarían datos, sino que actuarían con una lógica de identificación. Se menciona a Maine, donde incluso se habría informado a observadores que serían incluidos en una base de “terroristas nacionales”. También se cita Chicago, donde se habría usado reconocimiento facial en ciudadanos, y Minneapolis, donde los observadores habrían sido llevados a sus casas por agentes, una práctica conocida como “ser llevado a casa por el ICE”.
Otro elemento que enciende la alarma es el modo de abordar a la gente: se alega que los agentes se dirigían a los observadores “por su nombre completo”, pese a que esas personas no se habían identificado ni mostrado credenciales. Esa combinación —seguimiento y datos de identidad sin verificación— es presentada como una señal preocupante del alcance del programa impugnado.
Ivey sintetiza el núcleo del conflicto al advertir que el gobierno intenta intimidar para reducir la confrontación pública, y que esos instantes donde quienes están en el poder se esfuerzan más por silenciar suelen ser los que más exigen alzar la voz. En la misma dirección, Walker afirma que cuando se castiga el ejercicio de la Primera Enmienda, se empieza a erosionar el piso democrático que protege a todos.
La demanda también coloca el debate en el terreno legal. Acusa al DHS de violar la Ley de Privacidad, que —según los demandantes— prohíbe al gobierno federal mantener registros que describan cómo las personas ejercen sus derechos de la Primera Enmienda, con excepciones limitadas. Además, sostiene que las agencias deben divulgar y justificar por qué recopilan información personal.
Parte de la impugnación se construye bajo la Ley de Procedimiento Administrativo. Y, a la vez, los demandantes alegan represalias ilegales contra ellos. EPIC añade que cuando el gobierno arma expedientes secretos sobre “personas comunes” por ejercer derechos constitucionales, el efecto es intimidar: si se alza la voz, se corre el riesgo de ser vigilado y castigado. John Davisson, subdirector y director de cumplimiento de EPIC, advierte que si cada protesta o grabación expone a vigilancia y represalias, la privacidad y la libertad de expresión podrían quedar bajo amenaza.
Democracy Forward presenta el argumento más directo en la voz de Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva: el gobierno federal no puede construir expedientes secretos sobre personas por observar, documentar o criticar pacíficamente acciones. Y subraya que ese tipo de vigilancia fue precisamente lo que el Congreso buscó evitar al aprobar la Ley de Privacidad tras episodios considerados oscuros en la historia del país.
La demanda, en conjunto, busca anular la política de recopilación secreta de datos y hacer prevalecer la Primera Enmienda, porque —según los demandantes— la respuesta del Estado no debería convertir el ejercicio ciudadano de observar y registrar en un delito silencioso contra la expresión.