La ACLU y aliados piden a un juez prohibir detenciones por perfil étnico tras videos y textos que señalan prejuicio en redadas.
Un nuevo choque legal estalla contra autoridades migratorias en el sur de California. Esta vez, el foco no está solo en arrestos: está en cómo se ejecutan. De acuerdo con la información difundida por Los Angeles Times, una moción presentada por la ACLU, junto con Public Counsel y otros abogados, busca que un juez federal frene detenciones basadas en perfiles raciales, luego de que salieran a la luz videos de cámaras corporales y mensajes de texto.
El material que quedó registrado introduce una señal incómoda: en las grabaciones, un agente habría empleado un insulto despectivo al referirse a un hombre y lo vinculó con inmigrantes. No se trata únicamente de una frase aislada dentro de un operativo: los demandantes sostienen que hay un patrón. A ese cuestionamiento se suman conversaciones por mensaje de texto que, según la demanda, incluyen expresiones ofensivas y comentarios sobre patrullajes para localizar personas en zonas frecuentadas por trabajadores latinos.
La controversia crece porque la acción judicial no se limita a denunciar el tono. La presentación argumenta que detrás de la operación hay decisiones que habrían sido guiadas por prejuicios. Para Mayra Joachín, abogada de la ACLU del Sur de California, estos registros muestran que las operaciones migratorias estarían atravesadas por un sentimiento racista. Su planteamiento conecta el contenido de los registros con el propósito de los operativos: cómo se elige a quién buscar, cómo se decide a quién detener y, sobre todo, qué criterio se considera “válido” para actuar.
En el centro del expediente aparece también el modo en que cambió la estrategia. Los demandantes afirman que en 2025 la operativa habría mutado: documentos internos citados en la moción señalarían que ICE comenzó a privilegiar redadas masivas en lugares públicos. En vez de concentrarse en investigaciones individuales, los agentes habrían dirigido acciones a espacios como tiendas Home Depot, lavaderos de autos y paradas de autobús.
Esa transformación, sostienen, no solo amplía el alcance: altera el resultado. La demanda asegura que en múltiples casos los agentes arrestaron a personas que no coincidían con los supuestos objetivos iniciales. El argumento es directo: la selección habría dependido principalmente de la apariencia física y del origen étnico percibido. Incluso, el expediente menciona que un agente habría descrito a quien buscaba como “un hombre hispano mayor”, lo que los abogados interpretan como una reducción del objetivo a una categoría racial o estereotipada.
El caso también deja una puerta abierta a nuevas revelaciones. Según la moción, varios teléfonos celulares usados durante los operativos todavía no han sido entregados para su análisis forense. Para los demandantes, esa falta de entrega implica que podrían existir más evidencias sobre la conducta de los agentes durante las redadas, y que el material disponible hasta ahora no sería el único elemento que sustenta las acusaciones.
El punto de tensión es claro: mientras las autoridades ejecutan operativos migratorios, los demandantes piden que un juez imponga una prohibición sobre detenciones basadas en perfiles raciales. No es un debate abstracto. El expediente se apoya en grabaciones, textos y en una narrativa que intenta demostrar continuidad: prejuicios reflejados en mensajes, decisiones de selección vinculadas a rasgos percibidos y un cambio de táctica que habría incrementado el uso de detenciones que, según los abogados, no estarían justificadas caso por caso.
La batalla legal, entonces, no se reduce a si hubo errores o a si se actuó “bien o mal”. Se trata de qué criterios guiaron la operación y qué tan lejos se permitió llegar la discriminación dentro de un sistema que, de prosperar la demanda, tendría que ajustar su forma de detener.