En entrevista, el demócrata dice que bipartidismo es su ruta: economía, seguridad y migración con frontera protegida.
El dato más contundente aparece como prueba en la mesa: mientras en campaña se discuten “líneas rojas”, el representante demócrata Gabe Vásquez presume que sus proyectos sí avanzan con los republicanos y hasta llegan a la firma del presidente Donald Trump. Y lo ancla con hechos recientes: habló de impulsar un proyecto bipartidista que terminó convertido en ley para mejorar la lucha contra incendios aéreos.
Vásquez lo planteó como parte de una estrategia que, según él, no es de discurso, sino de ejecución. En lugar de sostener promesas generales, sostiene que su camino para revalidar el escaño está en construir con quien gobierna del otro lado cuando hay coincidencias concretas. El tema no es solo legislativo: para el congresista es una forma de presión política hacia la administración y, al mismo tiempo, un mensaje para el votante que quiere resultados.
La entrevista sitúa el arranque de su campaña en un contexto electoral que, a su juicio, obliga a hacer “ajustes” reales. Explica que ganó el asiento en un distrito que durante mucho tiempo habría sido controlado por republicanos, y que en 2022 su triunfo fue estrecho, apenas por 0.6% de los votos. Con ese margen en mente, el mensaje que afirma llevar a su distrito adquiere una lógica de supervivencia política: durante los cuatro años de su mandato, asegura que se concentró en tres resultados visibles, tangibles y medibles por la gente.
Primero, refiere que incrementó fondos para departamentos de policía y bomberos en comunidades grandes y pequeñas. Después, ubica su segundo frente en el costo de vida, señalando específicamente los precios y los efectos de los aranceles con México, su vecino del sur. Y como tercer eje, coloca la defensa de tierras públicas, descritas como “únicas” para quienes viven en Nuevo México. En ese mismo recuento, afirma haber trabajado con demócratas, republicanos y también con la administración de Trump cuando —según él— fue necesario para concretar esos resultados.
La “reconstrucción” que ofrece el congresista funciona como una justificación: si la gente decide con la billetera y con la seguridad cotidiana, entonces la campaña no puede centrarse solo en consignas. Por eso, cuando le preguntan por la principal preocupación ciudadana —la economía—, su respuesta no se limita a culpar de forma genérica. Vásquez afirma que la economía que, sostiene, empuja su administración y que apoya a republicanos en el Congreso, sería “para los ricos”, mientras los demás enfrentan el golpe diario en el supermercado, en la gasolinera y al pagar renta.
En el centro de esa crítica aparece un gesto legislativo más específico. Dice que propuso una ley para que quienes usan tarjetas de ayuda alimentaria, food stamps, puedan comprar comida caliente ya preparada. Lo describe como un cambio “pequeño”, pero con impacto grande para familias que dependen de ese apoyo y que, según su argumento, no siempre tienen oportunidades para cocinar, además de la presión del costo de la energía.
Hasta aquí, el conflicto está en la distribución del peso: economía familiar y costo cotidiano. Pero el giro de la entrevista ocurre cuando Vásquez explica su relación con los republicanos sin esconder el cálculo político: afirma que su forma de trabajo consiste en encontrar coincidencias, no en declararse enemigo permanente. En su relato, rechaza la idea de “tirar las manos” y sostiene que la clave es proponer proyectos con viabilidad y con firma presidencial si hay acuerdo.
Aquí aparece el punto de tensión más claro. El demócrata no habla de bipartidismo como adorno, sino como mecanismo para evitar el bloqueo. Según cuenta, se convirtió en el congresista más bipartidista de Nuevo México “por una razón”: para que su distrito vea resultados. Y añade una pieza institucional: afirma que integró un caucus bipartidista en el Congreso con 14 miembros republicanos y 14 demócratas, con la meta de proteger tierras públicas de su venta a “multimillonarios” que, dice, dominan la economía que critica.
Ese marco conecta con la pregunta que lo lleva de la economía a la migración. Vásquez responde que el sistema migratorio está “completamente roto”, y atribuye la falta de soluciones reales a “extremistas MAGA”. Propone volver a “lo básico”, con un proceso para personas trabajadoras hacia residencia o estatus legal, y eventualmente ciudadanía. Al mismo tiempo, reclama proteger la frontera “contra carteles” y “contra el tráfico de las personas”, y plantea la defensa de Dreamers.
Vuelve entonces a su territorio con un detalle que en su historia funciona como evidencia: en su oficina dice tener más de 50 casos de Dreamers que solicitaron renovar su estatus —en referencia a DACA— y que llevan más de seis meses esperando porque, según su afirmación, la administración “no los quiere procesar”. El mensaje de urgencia se refuerza con el diseño de un plan propio: el “New American Immigration Plan”, un esquema que, afirma, busca mejorar la economía con un nuevo sistema migratorio, proteger la frontera en su distrito y reformar ICE y centros de detención, señalando que ahí se causan “daño e injusticias” en el país.
Cuando el tema se mueve a seguridad y crimen organizado, Vásquez agrega un ángulo de batalla política: cuestiona el manejo del gobierno de Trump, incluyendo el nombramiento de “cárteles como grupos terroristas” como “cambio de paradigma”. Sin embargo, su argumento no se queda en lo abstracto. Señala que le inquieta lo que describe como un hecho reportado sobre fentanilo en Nuevo México, con referencia a distribución atribuida a la DEA para crear casos sobre esa sustancia.
La respuesta del legislador se vuelve más confrontativa. Llama lo anterior “una tragedia” y dice que, tras una notificación reciente, habría sabido que la DEA habría introducido miles de píldoras de fentanilo en comunidades. A partir de eso, asegura que está demandando una investigación exhaustiva e independiente con participación de fuerzas del orden locales. El peso de su postura cae en la metodología: denuncia que el uso de tácticas con droga por agencias federales podría estar orientado a encontrar distribuidores mayores, y remata con un cuestionamiento más amplio sobre experiencia. Afirma que, a su juicio, los líderes de agencias federales no tendrían experiencia en los temas que ahora gobiernan; menciona ejemplos en la FBI, describiendo que antes de ocupar esos cargos serían “influencers”.
En la parte final, el congresista intenta convertir el relato legislativo en advertencia electoral. Cuando le preguntan por un mensaje final, Vásquez insiste en que la elección es crítica y que, según su argumento, hoy no existen los “checks and balances” necesarios en el Congreso. Dice que los republicanos no serían independientes en casi todas las acciones asociadas a Trump y cierra con una demanda constitucional: sostener la Constitución “en su forma que todos conocemos”. Con eso, aterriza el tema migratorio y cultural de su campaña en una frase de propósito: asegura que el sueño americano se está volviendo “pesadilla” y que, para él, hay que cambiar el liderazgo en el Congreso.
Así, el perfil que emerge no es solo el de un legislador que propone. Es el de un candidato que insiste en que el bipartidismo, para ser creíble, debe traducirse en leyes que pasen, en acuerdos que se sostengan y en una agenda que combine economía, seguridad y migración, sin dejar que la conversación se quede en promesas.