La AILA denuncia que la regla provisional de USCIS enviaría casos a jueces, sin “miedo creíble” y con riesgo de detención.
La discusión sobre asilo en Estados Unidos dio un giro inmediato: una norma final provisional publicada por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) apunta a cambiar el trámite desde la raíz. El efecto, según Ben Johnson, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), sería una presión directa sobre personas vulnerables: renunciar a sus casos y aceptar la deportación.
El detonante tiene nombre y fecha. La norma —registrada como “Remisiones Afirmativas de Asilo Sin Entrevista”— fue publicada este lunes ante el Registro Federal. Y aunque el documento se presenta como una modificación operativa, la reacción de AILA no tardó: Johnson afirma que el cambio no solo “entorpecerá” el funcionamiento de los tribunales de inmigración, sino que también colocará a quienes huyen de tortura y persecución ante juicios contenciosos, y “probablemente” también frente a detención.
En la lectura de Johnson, el problema no es menor: la detención, afirma, funcionaría como táctica para forzar decisiones sin un “juicio justo”. Con eso, el proceso de asilo dejaría de ser, en la práctica, una ruta para evaluar protección, y se convertiría —según su denuncia— en un mecanismo de desgaste.
La tensión crece cuando AILA sitúa la medida dentro de una estrategia más amplia atribuida a la administración del presidente Donald Trump. Johnson vincula este cambio con un conjunto de acciones que, dice, ya afectaban el sistema: impedir que las personas soliciten asilo en la frontera, arrestarlos en audiencias judiciales y enviarlos a países que describe como peligrosos y conflictivos donde, afirma, nunca han vivido ni siquiera han pisado. Para la AILA, la norma es “un golpe más” en ese mismo rumbo.
USCIS, en cambio, sostiene una lógica distinta. El argumento oficial, tal como lo presenta Johnson, es que mandar directamente los casos de asilo a cortes migratorias ayudaría a “reducir” retrasos en esos tribunales. Sin embargo, el abogado discrepa: asegura que el resultado sería el opuesto. En vez de acelerar, advierte que la transferencia de “miles de casos” del USCIS hacia jueces terminaría engrosando la acumulación que ya existe, precisamente porque esos jueces tardan “mucho más” que los oficiales de asilo.
Aquí aparece el núcleo técnico del conflicto, y también la parte más sensible para el debido proceso. Con la nueva regla, los solicitantes de asilo ya no tendrían la entrevista de “miedo creíble” realizada por oficiales de USCIS. Ese filtro, según se explica, evalúa si la persona cumple con los requisitos para recibir protección en Estados Unidos, y mientras no haya una decisión de un juez, el solicitante podría obtener un Documento de Autorización de Emplexo (EDA).
En el relato de AILA, quitar esa entrevista representa más que un ajuste de tiempos: sería quitar una etapa que permite una evaluación inicial y una vía durante la espera. Por eso Johnson propone otro enfoque: si el objetivo es eficiencia y revisión exhaustiva, dice que deberían derivarse más casos a funcionarios de asilo, quienes —considera— pueden llevar a cabo revisiones más rápidas que los jueces.
La postura de AILA no desconoce el valor de evaluar casos por personal migratorio. El punto es el sentido del cambio. Johnson resume la paradoja: AILA apoya que más oficiales evalúen el asilo, pero la regla de la administración Trump, afirma, va en dirección contraria.
Del otro lado, DHS defiende la decisión. Su asesor jurídico, James Percival, la sustenta atribuyendo un problema de “dilación intencional” por parte de abogados y peticionarios de asilo. Percival acusa que habría demoras calculadas para que los clientes permanezcan en Estados Unidos. En esa lectura, la remisión sin entrevista sería una herramienta para cortar retrasos deliberados.
Así, el choque queda planteado entre dos marcos: uno que ve la medida como una aceleración con consecuencias controladas, y otro que la ve como un cambio que empeora el sistema y somete a personas a presiones, juicios contenciosos y detención. Entre ambos, el dato operativo que define el debate es claro: al eliminar la entrevista de “miedo creíble” y enviar los casos a jueces de inmigración, la norma reordena qué institución decide primero, cuánto tarda, y qué riesgo enfrentan quienes solicitan protección. Para AILA, el resultado es una puerta cerrada al debido proceso; para el gobierno, un freno a la dilación. Y en esa diferencia, el costo—según la denuncia—se concentra en quienes más necesitan que el sistema funcione con justicia.