El empresario sostiene que el esquema abre paso a que la autoridad defina lo “cierto” y lo “falso”, cambiando reglas del debate público.
Una acusación que prende focos rojos: Ricardo Salinas Pliego advirtió en redes que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias empujan hacia la censura en México. En su planteamiento, la propuesta no se limita a ordenar; a su juicio, amplía atribuciones para que quien tenga el poder marque qué contenidos son verdaderos y cuáles se consideran falsos.
La reacción se instala en medio de un proceso ya en marcha. El 27 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta pública relacionada con esos lineamientos. El periodo de participación fue fijado para cerrarse el 21 de agosto, mediante el portal portal.crt.gob.mx/consultapublica. Mientras tanto, el 28 de julio, en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, presentó la iniciativa.
El documento, según el contenido base, se apoya en tres engranes institucionales: primero, la exigencia a concesionarios de radio y televisión de contar con un código de ética público; después, la figura de defensores de audiencias; y, en tercer lugar, un procedimiento de mediación para canalizar quejas. A la par, el esquema establece distinciones consideradas clave: separa la información noticiosa de la opinión, y también distingue publicidad de contenido periodístico.
Ahí es donde el debate adquiere filo. La propuesta queda focalizada: la regulación aplicaría a concesionarios de radio y televisión, mientras que la prensa escrita y las plataformas digitales no entrarían en el mismo marco. Ese recorte, por sí mismo, ya tensiona cómo se interpreta el alcance real de la medida.
No obstante, el frente crítico no surge solo de la postura de Salinas Pliego. La Comisión/ Cámara (CIRT, de acuerdo con el texto base) señaló la existencia de puntos ambiguos en el proyecto y pidió ajustes. Su señal va en el mismo sentido de la alarma: si el diseño es impreciso, el riesgo sería que termine funcionando de forma distinta a la intención declarada.
En contraste con las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum ubicó el proceso en otra lógica. Afirmó que el camino corresponde a un esquema de autorregulación: en ese modelo, los concesionarios designan a su defensor de audiencias y emiten su propio código de ética. Con ello, el planteamiento se presenta como un mecanismo interno de corrección y mediación, más que como una imposición externa.
Pero entre la denuncia pública y la explicación oficial se abre una tensión persistente: la discusión ya no es solo sobre lineamientos, sino sobre el poder de definir categorías como “verdad” y “falsedad”, y sobre quién determina los límites entre informar, opinar y publicar. En el corazón del conflicto está la diferencia entre ordenar la comunicación y delimitarla: cuando el debate se vuelve una disputa sobre definiciones, el impacto puede sentirse antes de que el sistema se consolide.
Al final, el mensaje de urgencia quedó lanzado: si la propuesta da lugar a interpretaciones que terminan restringiendo lo que se considera válido, la consecuencia no sería únicamente regulatoria, sino política y social. Y el reloj ya empezó a correr con la consulta pública: del 27 de julio al 21 de agosto, el terreno queda listo para que la controversia escale.